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Jueces orteguistas condenaron a 22 reos políticos en tiempos de pandemia

Estos 22 reos políticos han sido condenados entre 1 a 30 años de cárcel, todos están condenados por delitos comunes como transporte de droga, tráfico de armas, obstrucción de funciones, robo agravado, entre otros

El peligro de contagio por Covid-19 no detuvo los procesos judiciales en Nicaragua, sobre todo contra reos políticos, cuyos juicios no fueron reprogramados a pesar que algunos abogados lo solicitaron por escrito. De marzo a julio de 2020 los jueces orteguistas condenaron al menos 22 presos políticos, según el Comité de Familiares de reos políticos y abogados defensores.

“Los jueces están desesperados por terminarlos y condenarlos. Por ejemplo, yo pedí una reprogramación en el caso de José Santos Sánchez y solo me dieron una semana, cuando en los casos comunes estaban dando dos meses. Luego pedí otra reprogramación y me declararon el abandono”, expresó el abogado Ever Acevedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

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Entre los condenados en este período están: Richard Saavedra, Eliseo Castro Baltodano, Kevin Zamora, Edman Jancarlos Mora, Geovany Guido, Gabriel Ramírez Somarriba, Samuel Enrique González y Amílcar Cerda Cruz y Lester José Silva, de Jinotepe.

Familiares de presos políticos de la Isla de Ometepe, luego de uno de los días de juicio en Managua. LA PRENSA/ CORTESÍA

“A pesar de los riesgos de contagio por coronavirus los juicios siguieron normal. Incluso en algunos casos más bien adelantaron las fechas de juicio y todos han terminado con condena. Tuvimos casos donde los muchachos estaban con síntomas de Covid-19 y aún así los llevaron al juicio y no los mandaban al médico. Es una prisa por salir de estos juicios”, explicó Brenda Gutiérrez, coordinadora del comité de familiares de presos políticos.

Discriminación

Para Yonarqui Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, en este período de pandemia se ha visto la discriminación con que el sistema penal trata a los reos políticos, porque han habido liberaciones de más de 2 mil reos comunes y apenas han sacado a cuatro reos políticos.

Además, los juicios se siguen dando en medio de ilegalidades, expresó Martínez, donde la Fiscalía usa prueba ilegal, y los jueces respaldan todas sus peticiones, aunque legalmente no tengan razón. “El último caso fue el de los isleños. No había prueba, pero el juez los condenó por un delito de obstrucción de funciones, porque no podía quedar mal con la Policía y la Fiscalía, están coludidos y eso no debe ser así, sino hay pruebas los debés de declarar no culpable”, explicó Martínez.

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Otro ejemplo de la prisa con que llevan los casos políticos es el de Oliver Montenegro, quien la próxima semana va a juicio. “Esta semana se me vence el término para presentar intercambio de pruebas y el 3 de agosto ya tengo el juicio”, van a la carrera agregó Martínez.

En la prisa por salir de estos juicios políticos les han programado audiencias hasta en el día de la visita familiar y conyugal, pero si el abogado pide la reprogramación lo amenazan con decretar el abandono, agregó Martínez.

Largas jornadas de juicio

Otra señal de la prisa con que jueces orteguistas tratan estos casos son las largas jornadas de juicio que tardan entre seis y siete horas sin detenerse, y usando mascarillas, lo cual médicamente no es correcto, porque la oxigenación no es la óptima.

“Vemos que es una orden de condena rápida, sin respetar plazo procesal, juicio rápido. No dan chance a receso, han tenido gente desmallada, no podés estar más de cuatro horas con mascarilla. No entienden que pasar tantas horas con mascarilla no es bueno para la salud”, dijo Martínez.

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Otros reos políticos condenados en este período son: Justo Emilio Rodríguez, Marvin Guido, Ángel González Escobar, José Santos Sánchez, John Cerna, Manuel Sobalvarro, Juana Estela López, Uriel Pérez, Bernardo  Ramos Galo, Carlos Bonilla y Denis García Jirón.

Estudiante John Cerna acusado de tráfico de droga. LA PRENSA/ CORTESÍA

Otros hechos que ocurren dentro de estos juicios es que hay demasiada gente en una sala pequeña. “Hay hasta dos custodias por cada reo político más la seguridad interna del juzgado, las defensas  y el personal del juzgado y ahora están dejando entrar medios oficialistas, no así los medios de comunicación independientes”, detalló Martínez.

Estos 22 reos políticos han sido condenados de 1 a 30 años de cárcel, por delitos comunes como transporte de droga, tráfico de armas, obstrucción de funciones, robo agravado, entre otros.

 

 

 

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