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CONTENIDO EXCLUSIVO.El Instituto Americano Empresarial (AEI, por sus siglas en inglés) en un amplio análisis sobre la crisis política en Nicaragua recomendó al presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, “una estrategia más decisiva” contra el régimen de Daniel Ortega.
“Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo” es un amplio estudio publicado en julio 2020 y elaborado por Ryan C. Berg, investigador en el AEI sobre política exterior latinoamericana y temas de desarrollo.
En el estudio se expuso que intensificar la presión internacional es como se va a conseguir que la dictadura termine con la represión a los nicaragüenses y ceda a las reformas electorales que permitan en 2021 “ofrecer la mejor oportunidad para vencerlo” a través de unos comicios justos, libres y transparentes.
Represión no cesa
El AEI expone en el informe que “la represión de los manifestantes y la sociedad civil por parte de Daniel Ortega continúa sin cesar”, la que se intensificó desde abril del 2018 cuando “las fuerzas de seguridad” del régimen, integradas por la Policía Orteguista (PO), parapolicías y simpatizantes causaron la muerte de “cientos de personas”, miles de heridos, presos políticos “y más de cien mil nicaragüenses han huido a países vecinos o Estados Unidos”.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado al menos 328 asesinatos en la jornada de represión desde abril del 2018, así como una serie de abusos como ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, juicios políticos, entre otros delitos calificados de lesa humanidad.
Si bien se detallan en el reporte las acciones de presión internacional contra la dictadura, lideradas por EE. UU. que buscan golpear el círculo de poder del régimen con sanciones a 22 funcionarios y familiares de Ortega —incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo y tres de sus hijos—, así como a negocios de la familia, el AEI valoró que las medidas deben ser más pensadas y luego incrementarlas para causar mayor daño al régimen.
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Este informe explica “la necesidad urgente de una estrategia estadounidense más decisiva para ayudar a enfrentar la crisis en curso en Nicaragua, incluidos objetivos claros y alcanzables respaldados por un plan de acción coherente que anticipe las reacciones del régimen de Ortega”, indicó el AEI. Para este centro de pensamiento, “la política de los Estados Unidos hacia Ortega es improvisada y desordenada en el mejor de los casos”.
Para corregir eso se recomendó a la Administración Trump “intensificar sus sanciones contra el régimen de Ortega; apuntar a individuos e industrias, especialmente aquellos relacionados con Ortega o militares; secuenciar la implementación de sus sanciones, y sincronizar la presión externa con la oposición interna para desarrollar una estrategia efectiva para lograr reformas políticas y electorales clave antes de las elecciones generales en 2021”.
“El Gobierno de los EE. UU. se equivoca gravemente si cree que el nivel actual de presión es suficiente para garantizar que Ortega conceda elecciones más libres y justas en 2021”, añade el reporte del AEI. En el mismo planteó que EE. UU. debe “calibrar su arquitectura de sanciones para garantizar estándares mínimos” en los próximos comicios presidenciales en Nicaragua.
Grupo de expertos
El AEI se autodenomina como un centro de pensamiento conformado por “un grupo de expertos en políticas públicas dedicado a defender la dignidad humana, expandir el potencial humano y construir un mundo más libre y seguro. El trabajo de nuestros académicos y personal promueve ideas arraigadas en nuestra creencia en la democracia, la libre empresa, la fortaleza estadounidense y el liderazgo global, la solidaridad con aquellos en la periferia de nuestra sociedad y una cultura empresarial pluralista”.
Primer paso: Cambio de magistrados electorales
El primer paso fundamental para el AEI es intensificar la presión política, diplomática y económica para que se concrete el cambio de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) para despolitizar la institución.
Un segundo paso debería ser “reiterar la esencialidad de los observadores electorales, tanto internacionales como nacionales”, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (EU), Instituto Republicano Internacional o el Instituto Nacional Demócrata. “Los observadores electorales deben cumplir con estándares reconocidos, como la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para Observadores Electorales Internacionales”, se indicó.
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Garantizar el voto de la diáspora nica
De forma coordinada también se requiere, según el AEI, que “la política de sanciones debe apuntar a garantizar que todos los nicaragüenses tengan derecho a votar, incluidos los exiliados, mediante la coordinación del registro de votantes en todo el país, abriendo la votación para la gran diáspora nicaragüense” conforme lo establece la propia Ley Electoral del país.
Como un cuarto paso importante para lograr votaciones transparentes y libres, el Instituto Americano planteó que haya “un proceso transparente y participativo de consulta de candidatos o elecciones primarias”, por cuanto consideraron que “es el movimiento más estratégico para otorgar legitimidad a la oposición y disminuir la apatía política entre los nicaragüenses”.
El rol de la diplomacia
No obstante se consideró fundamental “la revitalizada diplomacia, particularmente con la Unión Europea y otros gobiernos de América Latina” ante los abusos de los derechos humanos que se cometen en Nicaragua, la que debe aprovecharse para “expandir la coalición internacional contra la represión de Ortega para mantener una presión constante para un cambio definitivo en el carácter del régimen”.
La Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza sancionaron individualmente a seis altos funcionarios de la dictadura como son: el jefe de la PO, Francisco Díaz quien es consuegro de la pareja presidencial; el subdirector de la PO, Ramón Avellán; el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y de la cárcel el Chipote, Luis Pérez, y al jefe de los antimotines Justo Pastor Urbina. Además a la ex ministra de Salud, Sonia Castro, y al asesor de seguridad de Ortega, Néstor Moncada Lau, considerado operador de los parapolicías y grupos de choque.
Asimismo Canadá sancionó a nueve funcionarios del régimen, entre ellos a Murillo “en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Nicaragua”.
Dictadura sobrevive gracias a la fidelidad de las armas
El AEI advirtió en su reporte que la dictadura actual de Ortega “puede ser la más peligrosa hasta el momento, porque su consolidación autoritaria sobrevive gracias al control de la Policía y el Ejército, la cooptación del poder judicial y el dominio de la mayoría de los medios de comunicación, así como la alianza con una parte del sector privado”.
La opción más viable para acabar con el régimen nicaragüense son las elecciones nacionales, pero si estas se realizan con base en el respeto a la voluntad de los votantes, enfatizó en el informe. “A menos que Ortega se vea obligado a abandonar el poder por eventos imprevistos, las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de 2021 ofrecen la mejor oportunidad de vencerlo en un concurso libre y justo con la ayuda de misiones de observación internacionales sólidas y proactivas”, se indicó.
Entre las series de recomendaciones del Instituto Americano Empresarial para restablecer la democracia en Nicaragua, se plantean que las mismas son “de urgencia” para responder “al vacío de liderazgo dejado por Ortega y Murillo”, pero también ante “la actual desunión de la oposición nicaragüense”.
Advertencia a los opositores
Una de las recomendaciones es que “los diplomáticos estadounidenses deben presionar a los grupos de oposición nicaragüenses para que aparten sus diferencias y unirse en una fuerza política coherente para derrotar al régimen de Ortega-Murillo”.
El AEI criticó a los sectores opositores por estar desaprovechando el rechazo del más del setenta por ciento de la población hacia el régimen Ortega y Murillo, según la encuesta de CID Gallup, por no permanecer unida.
Hay siete organizaciones sociales y partidos políticos que han conformado la Coalición Nacional, que se presenta como opción para unir a los opositores. Sin embargo, hay otras fuerzas políticas que rechazan sumárseles por anteponer las diferencias de ideología, con movimientos que fueron aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El análisis de cómo restaurar la democracia en Nicaragua de organismos estadounidenses expone que esa desunión de los sectores opositores es lo que puede permitir a Ortega conservar el poder e hizo referencia que la misma encuesta de CID Gallup. “Encontró, sorprendentemente, que el régimen de Ortega-Murillo ganaría la reelección por poco en este enfrentamiento hipotético, debido a una oposición sumida en la disidencia y que carece de un candidato consensuado”, cita el análisis.
Por eso consideran escencial que “los diplomáticos estadounidenses deben comprometerse para unificar a la oposición en un país altamente polarizado y dividido”. En el estudio se pidió a Estados Unidos “avanzar con cautela en este proceso, ya que forjar la unidad entre la oposición nicaragüense requiere la inclusión de partidos que son corruptos y que se han coludido con Ortega en el pasado, como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). También requiere un alcance cuidadoso a la considerable cantidad de desafectos”.
Arnoldo Alemán, caudillo del PLC, es considerado un aliado de Ortega con quien pactó reformas constitucionales en el año 2000 para repartirse el control político de las instituciones públicas. Sin embargo el PLC se ofrece como opositor y es parte de la Coalición Nacional. A la oposición nicaragüense se le reclama “coherencia política” para no agotar a la población, por lo que el AEI consideró “imperativo” que se “decida sobre el vehículo político más adecuado para desafiar a Ortega en las elecciones” del 2021.