Los ataques y profanaciones a los templos de la religión católica del país además de ser atentados en contra de la creencia del pueblo, son considerados violaciones a los derechos humanos y a la constitución política del país.
En el informe “Ataque a la iglesia católica en Nicaragua 2019-2020”, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), “refiere que todos estos ataques a la iglesia católica (descritos en este informe) confirman que régimen Ortega Murillo quebranta el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, establecidos en la Constitución de Nicaragua (Arto. 29) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (Arto. 18)”.
El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mencionado por el CENIDH, dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
El artículo 29 de la Constitución de Nicaragua, dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia”.
Pero estos no son los únicos derechos vulnerados a través de estos actos, también se vulnera el derecho a la vida, la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, contemplados en la Declara Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esto, tomando en cuenta que no solo se han realizado actos de profanación de los templos con robo de imágenes religiosas y deterioro físico de los mismos, sino que además se ha amenazado y atentado en contra de la vida de los sacerdotes que han decidido apoyar al pueblo.
Incluso, el CENIDH menciona que “la Oficina de la Alto Comisionada para las Naciones Unidas (OACNUDH) y la CIDH coincidieron en que verdaderamente Nicaragua era un país peligroso para manifestar la libertad religiosa”.
En el informe se hace mención de los ataques a la iglesia católica y sus miembros en 2019 (14 ataques) y lo que va de 2020 (9 ataques), los cuales iniciaron por el apoyo a la rebelión social iniciada en abril de 2018, en la que los y las nicaragüenses demandan justicia, libertad y democracia.
Además, cabe mencionar que dichas acciones son consideradas como violaciones de derechos humanos porque han sido perpetrados por la policía, para-policías y fanáticos del partido de gobierno que realizan estos actos siendo enviados y encubiertos por el régimen.
“Persiste la impunidad en estos actos terroristas en los templos católicos debido a que son perpetrados por aliados del régimen, que cumplen sus órdenes. No existe castigo para ellos”, dice el CENIDH en sus conclusiones.
Ataque y asedio permanente
Desde 2018, iglesias de todo el país permanecen bajo constante asedio y manifestaciones de odio, pues las 24 horas están rodeadas por policías y antimotines; se interrumpen oficios religiosos en conmemoración de la muerte de las víctimas de la represión; los sacerdotes reciben constantes amenazas de agresión y muerte; y también estos templos son objeto de robos, destrucción de imágenes y un sin número de acciones que irrespetan las creencias de la religión católica.
Uno de los últimos ataques a la iglesia católica fue el incendio de la capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral, el cual fue realizado por un hombre encapuchado de identidad desconocida, hasta ahora, pues las autoridades decidieron atribuirlo a un accidente causado por un atomizador plástico con alcohol.
“Están tocando una de las cosas más sagradas de la gente, uno de los sentimientos más profundos, pero además es un derecho humano la libertad de culto, si las autoridades no proceden de inmediato ellos serán los responsables, además que no podemos seguir esperando respuestas que no llegan, tenemos que actuar”, son palabras de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia presidenta del CENIDH, citada dentro del informe.
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