De la dictadura actual, que no tuvo escrúpulos en asesinar a centenares de protestantes pacíficos, es esperable cualquier cosa. Así sea la prisión el fin de semana pasado del excanciller Francisco Aguirre, o el asedio represivo a una reunión de la Coalición Nacional en Estelí, y el juicio y apresamiento de personas a lo largo y ancho del país, hasta los asesinatos montaña adentro de los cuales hizo un rápido recuento hace dos días en LA PRENSA, el periodista Fabián Medina.
En la oleada agresiva hay varios mensajes de la dictadura. Que nadie, absolutamente nadie escapa, es uno de esos mensajes represivos, sin importar edad y condición social, aunque sin duda hay un ensañamiento con los jóvenes, periodistas y campesinos.
El mensaje es dirigido a la población en general, y en el caso de Francisco Aguirre el objetivo es el sector privado, el cual ha pasado de reuniones en El Carmen para realizar cualquier gestión, bajo el fracasado modelo de diálogo y consenso, a la amenaza de judicialización de cualquier empresario por algún motivo, ya sea comercial, fiscal, administrativo o simplemente de tránsito, por el reclamo generalizado en ellos de recuperación democrática.
Otro mensaje, que ya lo sabíamos, es que la subordinación del poder judicial a la voluntad de la familia gobernante no tiene límites, y que cualquiera puede ser enjuiciado y condenado, y para esto ya tenemos un centenar de presos políticos, que luego podrían ser liberados como una concesión, a cambio de algo, de la familia gobernante.
Finalmente, hay un chantaje implícito a la Iglesia católica para que acepte la protección de la policía a cambio que cesen las profanaciones a catedrales, parroquias y capillas, en circunstancias que el gobierno lo que no tolera son las críticas y solamente se saciaría con la completa subordinación de la Iglesia. Las diversas vocerías del gobierno, algunas de ellas extremadamente vulgares, se han encargado de señalar que no aceptan otra cosa más que la sumisión.
La judicialización de la política tiene su origen en la politización del incipiente Estado de Derecho que teníamos antes del pacto de Alemán con Ortega, así como la colegiación del poder electoral que dio origen a los fraudes electorales, y lo mismo con la Contraloría General de la República que, desde ese pacto, nada investiga pese a la inmensa corrupción. El objetivo del poder judicial ha sido tener a la mayor cantidad de personas con amenazas de cárcel, es decir como rehenes, para que tengamos que ir, ahora solamente a Ortega, a implorar como derecho lo que por justicia nos corresponde.
Precisamente, la politización de la justicia y la judicialización de la política condujo a la dictadura y a dejar en escombros el sistema de partidos políticos, incluyendo al propio Frente Sandinista (FSLN). Ese sistema de partidos políticos, cuyas personerías Ortega las otorga a discreción, condujo a la crisis de abril en que se sincronizaron agravios que la dictadura había infligido a todos los sectores sociales.
¿De qué democracia y sistema representativo y de partidos políticos se habla, en las condiciones de la dictadura?
Al respecto, ha venido creciendo en la Coalición Nacional la necesidad de evitar “la trampa de la casilla”, como llamó Enrique Sáenz a las personerías jurídicas que Ortega otorga, y buscar su propia casilla que exprese el espíritu de abril, que dio origen tanto a la Alianza Cívica (ACJD) como a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Después de la derrota de Ortega y erradicación de la dictadura, podemos reconstruir el Estado de Derecho de una verdadera democracia, y cerrar la brecha entre sectores sociales, oenegés y partidos políticos.
Entre las condiciones mínimas para una elección creíblemente democrática, deberá estar esa personería jurídica para la Coalición Nacional, que exprese la misma reivindicación por la cual tantas personas se sacrificaron.
El autor es economista y analista político.