La vicepresidenta designada del régimen orteguista, Rosario Murillo, advirtió este jueves a un grupo de al menos 300 nicaragüenses que vienen de regreso a Nicaragua desde Panamá y que traen sus pruebas negativas de Covid-19, que si se retrasan en el camino, que recuerden que esas pruebas tienen fecha de vencimiento.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cobra 150 dólares por la prueba de Covid-19, la cual es un requisito para que los nacionales puedan regresar al país. La prueba debe realizarse con 72 horas de anticipación. Si Murillo dice que la prueba “tiene su momento de vencimiento”, eso significa que si los nicas no logran llegar dentro de los tres días después que se hicieron la prueba, tienen que hacerse otra.
Murillo hizo este anuncio en su comunicación de la 1:15 p.m. a través de los medios de comunicación oficialistas, que controlan sus hijos. Primero mencionó que este miércoles 26 de agosto, alrededor de las 10:00 p.m., retornaron al país “hermanos nicaragüenses”, pero no precisó número, aunque sí dijo que portaban sus pruebas negativas de Covid-19. Luego habló de un grupo de “casi 300 nicaragüenses” que han tenido retrasos en el camino desde Panamá.
“Lamentamos que otros grupos que tienen ya sus pruebas y están listos para regresar, por problemas en un puente en las carreteras de Panamá a Nicaragua, todavía estamos contando con la buena voluntad del hermano Gobierno de Costa Rica, para que estos nicaragüenses, que están ya listos solo para hacer el tránsito por ese hermano país, puedan transitar, recorrer, hacer el recorrido de Paso Canoas a Peñas Blancas lo más pronto posible, porque recordemos que las pruebas que se han tomado tienen su momento de vencimiento”, dijo Murillo.
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La vicepresidenta aseguró que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, está en conversaciones con su par de Costa Rica, “para agilizar ese retorno” al país. No obstante, no expresó voluntad para dar una respuesta a ese grupo de nicaragüenses, en caso que su viaje se retrase todavía más.
Murillo nunca ha mencionado en sus comunicaciones de lunes a viernes a los nicaragüenses de escasos recursos que estuvieron varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y en la frontera con Honduras, debido a que el régimen de Ortega les impidió su ingreso porque no podían pagar la prueba de Covid-19.
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El drama de estos nicaragüenses llamó la atención de las organizaciones internacionales, que se ofrecieron a pagar sus pruebas, sin embargo el régimen de Ortega, que se declara socialista, solidario y cristiano, nunca se pronunció sobre estos casos.
La dictadura de Daniel Ortega tiene el monopolio de las pruebas de Covid-19 en Nicaragua. La prueba solo la realiza el Complejo Nacional de Salud Doctora Concepción Palacios.
Los nicaragüenses que trabajaban en el exterior, principalmente en Costa Rica, Panamá, Guatemala y en las islas del Caribe se han visto en la necesidad de regresar a su país por la falta de trabajo, debido al efecto que ha tenido el Covid-19 en la economía mundial.