La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), condenó los cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de la ley y normas de Nicaragua de los que han sido objeto empresarios, contribuyentes y personas naturales.
El jueves se hizo público el caso de la empresaria Victoria Cárdenas Lacayo, esposa del director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, quien fue amenazada de ir a la cárcel, tras que una juez la declaró rebelde y ordenó su captura, en un juicio penal donde la pretenden “extorsionar” para que pague casi 9.5 millones de córdobas en impuestos municipales.
La Alcaldía de Managua auditó a la empresa Inmobiliaria Intermezzo, que pertenece a Cárdenas, su madre y hermana. La auditoría determinó que la empresa debía casi diez millones de córdobas en Impuestos Municipales de Ingresos (IMI) y otros tributos municipales, señalamientos que son refutados por Cárdenas. Incluso, en su poder tienen las solvencias municipales de 2017, 2018 y 2019 que muestran que la misma Alcaldía de Managua soporta que no hay impuestos pendientes.
Pero no este no es el único caso. LA PRENSA constató que la Alcaldía de Managua ha entablado al menos 200 acusaciones por defraudación contra dueños de empresas en los juzgados de Managua en 2019 y el tiempo transcurrido del 2020.
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Funides señaló que este proceder de las autoridades municipales, fiscales y judiciales “ahuyenta las inversiones del país en un contexto en el que los nicaragüenses acarreamos la crisis económica generada por la crisis sociopolítica desde abril de 2018, a la que se suma la crisis por la pandemia del Covid-19”, además de causar daños a la bienandanza de las inversiones y actividades de los afectados.
“Instamos a las autoridades a cesar estas conductas que solo afectan a la nación, y a respetar los derechos de la población que todos los días intenta contribuir con el desarrollo del país. Demandamos se respeten las garantías de las ciudadanía independiente de sus posiciones políticas, credo religioso o afiliaciones personales”, destacó el centro de pensamiento.
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Por su parte, Chamorro, a través de su cuenta de Twitter, instó a otras personas que también son víctimas de la voracidad recaudatoria de la Alcaldía a denunciar.
“Como prueba de la falsa acusación: la Alcaldía emitió solvencias municipales a Intermezzo. Aquí están las de los últimos tres años. No más terrorismo fiscal! Hago un llamado a los que han sufrido este abuso, que lo denuncien”, escribió.
Cadin respalda a empresarios
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) respalda a todo el sector empresarial que se haya visto afectado por amenazas de cárcel derivadas por cobros de impuestos municipales.
“Rechazamos cualquier proceso administrativo o judicial que violente los derechos constitucionales de los nicaragüenses y los empresarios. Respaldamos el respeto a las leyes de la República y el ejercicio del derecho a la defensa”, se lee en el comunicado emitido este viernes.
Cadin considera que las medidas tomadas por las autoridades no siguen el debido proceso “son nocivas para las empresas que operan en el país, reducen su poder adquisitivo, su capacidad productiva y de inversión”. Asimismo, afecta la generación de empleos formales y el crecimiento económico del país.
Hacen el llamado a las autoridades correspondientes a cumplir con su deber de facilitadores, de tal forma, que el sector empresarial pueda cumplir con las obligaciones fiscales, sin amenazas y coerción.