Canal 12 informó que el embargo, a la totalidad de sus bienes, es por un «reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013»

Condena nacional e internacional por el embargo del régimen orteguista al Canal 12

Funcionarios, periodistas y organismos internacionales denuncian el intento de silenciar a la prensa independiente en Nicaragua

El embargo por 21 millones de córdobas a Canal 12 ejecutado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), el viernes 11 de septiembre, ha despertado el descontento nacional e internacional de periodistas, organizaciones no gubernamentales y de funcionarios quienes condenan la «medida fiscal».

El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, escribió en su cuenta de Twitter que «Daniel Ortega estrangula la disidencia y niega a nicas el acceso a la información» y catalogó el embargo al canal como «medidas fiscales espurias para cerrar canales TV independientes vitales».

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En esa misma línea, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, repudió el intento de silenciar a la prensa independiente en Nicaragua y mencionó que Ortega está «utilizando una forma cada vez más recurrente de censura indirecta» con las «inspecciones fiscales y de hacienda para perseguir a medios independientes y someterlos a sanciones desproporcionadas».


También la organización internacional Reporteros Sin Fronteras condenó la acción por parte de la DGI, dominada por el régimen, y por ello pidió al Gobierno de Ortega a que «ponga fin a todo tipo de censura administrativa, que tienen consecuencias desastrosas para toda la sociedad nicaragüense».

Asimismo, la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger, del mismo nombre, condenó el nuevo ataque contra la libertad de prensa en Nicaragua «por el sanguinario dictador Ortega y Rosario Murillo, esta vez contra el Canal 12» y a la vez manifestó su apoyo a los periodistas, al personal y propietarios.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, rememoró los ataques que ha vivido la prensa independiente en el país como la encarcelación y amenazas a periodistas y directores que a algunos los obligó a exiliarse por la confiscación de sus propiedades. Ante las acciones en contra de Canal 12, Vivanco dijo que «ahora Ortega-Murillo usa investigaciones fiscales infundadas para amedrentar a los pocos medios que quedan en el país».

Instalaciones de CANAL 12. LA PRENSA / O. NAVARRETE
Instalaciones de CANAL 12. LA PRENSA / O. NAVARRETE

La dirección del medio de comunicación denunció que a sus oficinas se presentó el juez Luden Martín Quiroz, Juez Tercero de Ejecución y Embargos del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de Nicavisión S.A. Esto, según el medio, «producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013». De forma extraoficial se conoció que las antenas, instalaciones, vehículos, repetidora y el transmisor del canal son parte de los bienes embargados.

Alerta nacional política

En el contexto nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia incluyó el embargo del canal a la serie de acontecimientos que se dieron en los últimos días por lo que declaró una Alerta Nacional Política. «Los embargos y reparos fiscales de impuestos millonarios a cienes de empresarios, reflejan una política fiscal y juicios amañados de una justicia partidaria», señaló la organización opositora en su comunicado.

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De igual forma denunció que la política de «terrorismo fiscal» se aplica a «canales independientes de televisión, lo que constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión».

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), a través de un comunicado denunció que las acciones de confiscación judicial a Canal 12 demuestran la «intención de callar la libertad de prensa, de pensamiento y de expresión, además de prohibir el acceso a la información del pueblo nicaragüense». Además añadió que la situación «pone en evidencia una vez más el abuso de poder, la predisposición del gobierno a violentar las leyes, y el desinterés de instaurar el estado democrático y libre».

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