Una comisión especial de las Naciones Unidas ha declarado que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus principales compinches en el poder, han cometido crímenes de lesa humanidad.
El dictamen es de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por las Naciones Unidas. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelt, ya había presentado un informe sobre las atroces violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura venezolana.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró su satisfacción por el informe de la comisión especial de la ONU, que en 443 páginas documenta más de tres mil casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, torturas, asesinatos dentro de las prisiones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de prisioneros políticos.
Almagro aprovecha la oportunidad para señalar la incongruencia de la ONU, que tiene en su Consejo de Derechos Humanos a una representación de la dictadura de Venezuela. Y critica el apoyo que la Unión Europea le está dando a las elecciones parlamentarias sin las debidas garantías que realizará la dictadura de Nicolás Maduro el 6 de diciembre próximo, denunciadas como fraudulentas por la oposición democrática de Venezuela. “Es absurdo pensar que los criminales que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas”, sostiene Almagro. Y agrega que “es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada; el colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición”.
Sin embargo, ni la comisión especial de la ONU en su informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Venezuela; ni el secretario general de la OEA en su declaración, plantean qué debe hacer la comunidad democrática internacional para poner fin al régimen de Maduro. A lo sumo Almagro sugiere que “este informe debe llevar a la comunidad internacional a actuar de manera mancomunada y coordinada para ejercer la presión correspondiente, llevar a los criminales ante la justicia y liberar al pueblo venezolano de tanta opresión”.
Pero la presión internacional, incluyendo la formación del gobierno transitorio de Juan Guaidó reconocido por más de cincuenta países democráticos, no ha logrado que el régimen de Maduro se abra a una transición a la democracia.
Lo mismo se puede decir de Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega se queja de las sanciones internacionales pero no se ha sentido obligado a ceder y dar garantías para que haya elecciones libres y limpias. Y en Cuba, 60 años de sanciones severas tampoco han podido poner fin a la tiranía comunista.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha propuesto como salida necesaria, la creación de una coalición militar internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela. Aunque extremo, ese pareciera ser el único medio apropiado para poner fin a la dictadura y restablecer la democracia en Venezuela. Pero la comunidad internacional democrática no muestra ninguna disposición de ejecutar una medida como esa para ayudar al pueblo venezolano.