El lunes 14 de septiembre, Gerald Vásquez cumplió 26 meses de haber sido asesinado por paramilitares que ejecutaron un ataque armado contra la iglesia Divina Misericordia, templo que le brindó refugio a más de 200 jóvenes que fueron expulsados a balazos de las trincheras de protestas antigubernamentales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la tarde del 13 de julio de 2018, tres meses después de iniciadas las protestas ciudadanas en contra del régimen de Daniel Ortega.
Susana López, mamá del universitario asesinado por parapolicías al servicio la dictadura sandinista, manifestó que el daño que le causaron a ella y a su familia es irreparable, y aunque han transcurrido más de dos años sin que los responsables de la muerte de su hijo paguen por el crimen que cometieron, confía en que se aplique un proceso de justicia transicional en el país.
“Tiene que pagar tanto el que disparó como el que dio la orden que dispararan”, señala López, quien desde la Asociación de Madres de Abril (AMA), organización que aglutina a más de 100 madres y familiares de las personas asesinadas durante la rebelión de abril de 2018, se han abocado ante las instancias internacionales para poder conseguir la verdad, justicia, reparación y no repetición.
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Justicia transicional
Para entender la búsqueda de estos cuatros pilares fundamentales que conforman la justicia transicional y el necesario proceso de aplicación en Nicaragua, es importante entender, ¿qué es la justicia transicional?
Una especialista del área de Justicia Transicional de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) explica que la justicia transicional son mecanismos judiciales y no judiciales para poder llevar a cabo una transición o un cambio, ya sea porque un país quiere salir de un régimen autoritario o está saliendo de un conflicto armado y quiere llegar a la paz.
La especialista, quien pidió anonimato, señala que los aspectos importantes que nutren lo que hoy se considera justicia transicional son los crímenes de guerra, que se pueden cometer en contra de una población civil cuando hay un conflicto armado y los crímenes de lesa humanidad; es decir, delitos que se cometen contra la humanidad, que ya no solamente son responsabilidad de un país, si quiere o no juzgar a los que han cometido violaciones de derechos humanos, sino que estos crímenes ya pasaron a ser responsabilidad de la comunidad internacional.
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“El desarrollo de la justicia transicional estuvo muy marcado por acontecimientos históricos en América Latina, entre los años 70 y 80, hubieron varias dictaduras sobre todo militares, en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. A mediados de los años 90, surge el concepto de justicia transicional, que básicamente como tal, tiene que ver con mecanismos judiciales y no judiciales para poder llevar a cabo una transición hacia un sistema democrático”, manifiesta la especialista de Funides.
“Como ya han habido muchas experiencias a nivel internacional, no hay un receta específica, pero sí hay varios mecanismos, que aunque han demostrado que algunas veces no funcionan totalmente y que van a depender del contexto del país, han probado que ayudan a mejorar estos procesos de transición”, argumentó.
Los cuatro pilares de la justicia transicional son: la verdad y la memoria, la justicia, las reparaciones, y las garantías de no repetición.
Verdad y la memoria
La especialista señala que históricamente cuando se ha salido de un conflicto armado o de una guerra en busca de paz, o de un régimen autoritario hacia una democracia, lo que se quiere es empezar un proceso de “borrón y cuenta nueva” y esto lo que hace es invisibilizar a las víctimas.
“Para que exista un proceso de transición que sea sostenible, las víctimas tienen que estar en el centro, pues ese es como el gran lema de la justicia transicional. Las víctimas tienen que estar en el centro y por tanto es necesario conocer lo que pasó. Es necesario que se construya o reconstruya la verdad, una verdad inclusiva que no solamente cuente lo que pasó de un lado, sino que realmente pueda retomar y escuchar lo que vivieron los diferentes bandos, por así decirlo, y eso implica una reconstrucción de la memoria histórica”, señala.
Lo que se considera una puerta de entrada para que se dé un proceso de justicia transicional y un mecanismo clásico, es la creación de una comisión de la verdad.
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Para mantener viva la memoria sobre los acontecimientos ocurridos desde abril de 2018, la Asociación de Madres de Abril (AMA) creó el Museo de la Memoria contra la Impunidad, que se construyó con el objetivo de contribuir a dignificar a las víctimas del Estado de Nicaragua y para honrar su memoria. “La lucha por conseguir justicia ha sido internacional, porque no hay y no habrá justicia nacional. Mientras esté el Gobierno en el poder, no va a haber cambio. Al contrario, hay represalia después del daño”, denunció López.
“El Museo de la Memoria de Abril se mantiene vivo, especialmente en busca de esa verdad y que no se vuelvan a cometer esos crímenes en la historia de Nicaragua”, añadió.
La Comisión de la Verdad
Las comisiones de la verdad tienen que cumplir con ciertos criterios básicos, explica la especialista. Por ejemplo, no pueden ser manejadas por el Gobierno que ha sido juzgado.
“Porque está claro que va a tergiversar todo y va a contar su historia. La comisión de la verdad tiene que ser imparcial, que normalmente se crean dentro del Estado porque se necesita del presupuesto, pero es fundamental que esté constituida por personas que tengan reconocimientos, legitimidad y cuando ya se haya constituido la comisión, se debe empezar a hacer un informe bien concreto en el que contabilicen y representen la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos que se dieron durante el conflicto”, detalló la especialista.
Las comisiones de la verdad no tienen poder penal como tal, explica, sino que son un insumo que después se presenta a las instituciones legales para que la información sea procesada. Además que, quienes la integran hacen recomendaciones sobre los otros pilares que tienen que ver con la justicia transicional.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional, aprobó la creación de una comisión de la verdad, el 29 de abril de 2018, la cual fue juramentada el 6 de mayo del mismo año, para investigar las muertes y daños causados durante las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Sin embargo, fue señalada por diversas organizaciones y asociaciones civiles por sus conclusiones parcializadas que cubrían y beneficiaban al régimen sobre los señalamientos de los crímenes cometidos.
“En el 2018 se creó una comisión de la verdad y la reconciliación en Nicaragua, pero no fue reconocida por ningún organismo de derechos humanos a nivel internacional, ni nacional, porque claramente estaba totalmente parcializada”, comentó la especialista.
Justicia
A la justicia se le pone el apellido de transición, porque como se trata de un proceso de transición hacia la democracia, la justicia por sí sola no es suficiente, afirma la coordinadora del área de justicia transicional de Funides.
“Como se han cometido tantas violaciones a los derechos humanos que los sistemas judiciales tradicionales se quedan cortos, entonces la justicia transicional dice que hay que hacer justicia, pero para que no se vuelva a cometer todo lo que pasó, uno, las víctimas tienen que ser el centro, y dos, es necesario que se den varias reformas estructurales para evitar que se vuelvan a cometer las violaciones a los derechos humanos”, insiste la especialista.
Por tanto, el rol que tiene la justicia es retomar todo lo que tiene que ver con la verdad y la memoria e investigar a los principales responsables, garantizar que los que no han sido condenados o acusados de crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados, aunque el Estado no quiera.
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“Puede venir una institución internacional y empezar un proceso legal. Eso es bastante complicado si se quiere, pero es posible”, alerta la especialista. Además, aseguró que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser negociados y no pueden ser amnistiados.
“La justicia va a depender mucho de la voluntad que tenga un nuevo gobierno en Nicaragua, para realmente no permitir y no aplicar leyes de amnistía, pero ahí es fundamental el rol que vaya a tener la sociedad civil, que pueda exigir y demandar, que pueda fiscalizar, si realmente se llevan a cabo procesos y en caso de que no haya una voluntad estatal, se puede hacer una incidencia desde la comunidad internacional porque como decía, hay mecanismos para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que se puedan hacer a nivel internacional”, recomienda la experta de Funides.
Tal fue el caso del dictador chileno, Augusto Pinochet, señaló. “Fue juzgado mucho tiempo después. El Estado chileno a Pinochet lo estaba protegiendo, pero en un momento en el que él se encontraba en Inglaterra, que forma parte de los estatutos de Roma, es que se permite hacer estos juicios internacionales. Chile no lo era, por eso Pinochet estaba muy protegido en ese sentido y España, que también ratificaba los estatutos de Roma, lo juzga e Inglaterra lo permite”, trajo a contexto la especialista en justicia transicional.
Por su parte, el analista político y exembajador de Nicaragua, Mauricio Díaz, también puso como ejemplo la dictador Pinochet, a quien se le detuvo en Londres el 16 de octubre de 1998, por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desapariciones de personas ocurridos en Chile durante su dictadura entre los años 1973-1990 y que hasta el momento de su muerte contaba con una orden de detención en curso.
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“Un fiscal independiente lo persiguió cuando salió de su protección, de su nicho que era la geografía chilena. Igual les va a pasar aquí al régimen, no van a vivir en paz, por lo menos en el mundo, aunque están atrincherados dentro de la geografía nacional, revestidos de un concepto de soberanía que les sirve para arroparse de impunidad”, señaló Díaz.
No obstante, el exembajador indicó que para aplicar la justicia transicional se tendría que documentar a través de una Comisión de la Verdad imparcial e independiente las barbaries que han ocurrido en el país a raíz del estallido de la crisis de 2018, lo que a su juicio no será posible, si el Estado continúa siendo controlado por Daniel Ortega. “Tendría que hacerlo otro gobierno, en un futuro, que diga que no van a quedar en la impunidad los más de trescientos y pico de asesinados, los torturados, las mujeres violadas”.
Las reparaciones
En este pilar, la especialista en justicia transicional de Funides indica que es muy importante escuchar a las víctimas, saber qué es lo que pasó y que se empiece a juzgar a los responsables.
“Las víctimas tienen todo el derecho de que sus derechos sean restituidos a medida de lo posible, hay varias formas de restaurarse si quieren, un clásico son las restauraciones económicas. Se sabe que todo lo que significa una violación a los derechos humanos no puede ser reivindicado a través del dinero, pero las personas rompieron proyectos de vidas y tienen todo el derecho de recibir algún tipo de restauración”, expresó la especialista.
Aunque también existen restauraciones tipo simbólicas, entre estas que el Estado reconozca lo que pasó, que se creen sitios para recordar y conmemorar. “Para que la población no olvide y no se vuelvan a cometer esos crímenes. Además están las reparaciones sobre el acompañamiento psicológico, ya que las víctimas sobrevivientes o los familiares que son las víctimas indirectas, quedan con fuertes traumas y afectaciones emocionales”, añadió.
LA PRENSA/J. FLORES
Con relación a las reparaciones, la mamá de Gerald Vásquez señaló que a más de dos años, el régimen Ortega Murillo ni siquiera ha reconocido que los jóvenes que fueron asesinados durante las protestas eran estudiantes. Lamenta que la pareja de dictadores los sigan catalogando como delincuentes.
“Yo he pasado por tratamientos psicológicos, hasta psiquiátrico, el daño que a mí y a todas las madres que nos causó este régimen es irreparable. Sin embargo, vamos a seguir siendo las voces que ellos callaron con balas, vamos a dignificar sus nombres, sus memorias, porque aún no han reconocido que eran estudiantes, dicen que nuestros hijos eran delincuentes”, reclamó López.
Sin embargo, la especialista de Funides reconoce que el dolor no podrá repararse totalmente, aunque se aplique el pilar de reparación no se logrará. “Si bien la herida no se puede sanar totalmente, pero al ver que la transición no se olvida de lo qué pasó, es decir tenemos que lidiar con el pasado, asumir lo que se hizo, que estas son las víctimas y se tiene que trabajar con todos los recursos necesarios para que las víctimas sean restituidas y sobre todo para impedir que se vuelva a dar un conflicto de esa magnitud”, recomendó.
Las garantías de no repetición
Aunque este último pilar para lograr la justicia transicional requiere de un trabajo a mediano y largo plazo, en caso de que se termina una dictadura y empieza un gobierno democrático, las principales instituciones que cometieron violaciones, fueron cómplices o permitieron que se cometieran violaciones a los derechos humanos, no pueden seguir igual, indica la experta.
Es decir, “para que la población tenga confianza nuevamente en el Estado, normalmente las instituciones que están implicadas como el Ejército, la Policía, el sistema judicial, el Legislativo, una gestión inmediata es que tiene que haber una transformación de fondo, no solo de las personas que tuvieron un rol de implicación, sino también cómo volver a permitir que estas instituciones sean independientes, tengan visión de profesionalismo y democracia”, manifestó la especialista de Funides, como una respuesta inmediata, siempre y cuando haya un cambio democrático.
Sin embargo, señaló que a largo plazo se deben realizar programas educativos, en donde se puedan desarrollar temas de cultura de paz. “Que poder tener paz implica desarrollar habilidades, también de forma colectiva, que permitan resolver un conflicto sin tener que llegar a la violencia”, expresó.
LA PRENSA/ARCHIVO.
Para Guillermina Zapata, este último pilar sobre las garantías de no repetición está ligado a la verdad y la memoria, que ha marcado su vida y la de su familia atrozmente en dos dictaduras, la de Somoza y Ortega.
A su hermano mayor lo asesinó la Guardia Nacional de Somoza, el 28 de abril de 1978 y cuatro décadas después, su hijo mayor, Francisco Reyes Zapata, de 34 años, fue asesinado de un balazo certero, directo en la cabeza, mientras participaba de la marcha opositora, el 30 de mayo de 2018, Día de las Madres en el país.
“El objetivo es que los jóvenes no sean olvidados y que no se vuelva a repetir la historia. Mi familia luchó contra la dictadura de Somoza. Vivimos esa guerra, perdimos a un hermano y 40 años después me matan a mi hijo. Como madres hemos visto que los organismos internacionales se han esforzado por ayudarnos, por eso tengo fe que se logrará la justicia transicional”, expresó Zapata. “Sé que no va a ser de la noche a la mañana, la justicia puede que sea lenta, pero la vamos a lograr”, añadió.
El régimen apuesta al olvido
Tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza hace cuatro décadas, el enfrentamiento de dos conflictos armados, como la insurrección y la contrarrevolución en los años ochenta, el exembajador Mauricio Díaz comentó que en el país no se ha vivido un proceso de transición. Al contrario, dice que los nicaragüenses han tenido una corta memoria histórica, por lo que el régimen apuesta otra vez más al olvido.
“Estos (el régimen) apuestan al olvido, a que la gente va olvidando y es una maldición histórica política, porque los nicas olvidamos, tenemos una corta memoria histórica y estos están apostando al olvido”, señala. Sin embargo, a la vez, reconoce que los hechos acontecidos a raíz de la rebelión cívica en abril del 2018 están “frescos” y los informes y pronunciamientos continuos de la comunidad internacional mantienen viva la memoria de abril y los crímenes cometidos por el régimen.
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“De las pocas cosas que se logró en Nicaragua con el Diálogo Nacional fue que se permitió la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Todos esos insumos son claves y han sido claves porque han permitido que se visibilice a nivel internacional todo lo que ha pasado en Nicaragua, desde una organización externa muy reconocida”, coincide la especialista de Funides.
“Hay un informe muy claro, muy contundente, de una institución reconocida en términos de derechos humanos y efectivamente eso va a servir de insumo para procesos judiciales que se puedan dar en el futuro. Todo lo que se ha hecho y lo que se pueda seguir haciendo a nivel internacional es sumamente importante para acelerar un proceso de transición democrática en Nicaragua”, recomendó la experta.