A dos años que el régimen de Daniel Ortega criminalizó las protestas “azul y blanco” en Nicaragua, utilizando a la Policía para perseguirlas por ilegales y apresar a quienes se atrevan a hacerlo, el futuro de la resistencia cívica es complicada pero por ningún motivo se debe recular y renunciar a este derecho estipulado en la Constitución Política, señalan sociólogos. Los espacios privados, virtuales y las acciones sincronizadas y bajo seguridad podrían ser algunas opciones, comentan.
Después de analizar la situación actual, en donde cualquier intento de protesta es asediado por la Policía, el sociólogo Cirilo Otero enumeró cinco acciones que la ciudadanía puede mantener “hasta cansar y doblegar la voluntad de la Policía y quien le da las instrucciones a ese cuerpo armado”. Estas son: piquetes exprés en lugares estratégicos, elaboración de afiches para luego ponerlos bajo la puerta de las casas, colocar mantas en lugares visibles y envío de mensajes en plataformas digitales. “Si se hace masivo, claro que eso impacta”, apunta Otero.
La socióloga Luisa Molina indicó que en este contexto no hay manera de que el descontento se vuelva a observar masivamente en las calles. Es decir, que los nicaragüenses vuelvan a tomarse a las calles como en los primeros meses de explosión social en 2018. “Cuando uno está bajo un régimen autoritario como el que vivimos, no hay ninguna posibilidad, aunque exista un marco jurídico y legal, porque la Constitución y los Derechos Humanos están por encima de todos los marcos legales”.
Pese a que las manifestaciones tienen un camino cuesta arriba, ante el férreo asedio y represión del régimen, organizaciones opositoras recientemente aseguraron que tarde o temprano saldrán a demandar justicia, democracia y libertad con la intensidad de abril 2018 y que para eso es importante estar organizados.
Muestra de ello fue la acción masiva y simultánea de la Alianza Cívica con la colocación de afiches en 132 municipios del país, protesta que contó con más de dos mil miembros coordinados en un mismo sentido; enviar el mensaje “¡Se va!”, acompañado de la imagen de Daniel Ortega. Aunque el acto fue catalogado como una exitosa muestra de protesta ciudadana, también hubo repercusiones para miembros de la AC que fueron señalados, perseguidos y arrestados por la policía por señalamientos de haber participado en lo que considera el régimen como “actos vandálicos”.
El último intento de protesta que fue desmantelado, ocurrió el viernes 25 de septiembre. Ese día unas jóvenes fueron interceptadas por la Policía cuando pretendían alzar la voz en el interior de un centro comercial ubicado en el centro de Managua. Esto provocó además que el sitio se mantuviera rodeado hasta la caída de la noche. Aún en acciones pacíficas, coordinadas y realizadas en sigilo, se trata de tomar riesgos en un contexto de represión política, advierten sociólogos.
Ese día Tamara Dávila, feminista, activista opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que si la gente se organiza, se puede protestar de forma sincronizada en diferentes puntos.
Otero y Molina coincidieron que pese a no tener el tiempo a su favor o las condiciones, los ciudadanos no deben apagar la llama de resistencia pacífica en el país. “Las protestas continuas despertando la conciencia social a veces decaen por la falta de conducción y organización. Pero activás a la gente, le decís que la dictadura no ha ganado”, indicó Otero. “Hay que seguir haciendo la denuncia, seguir con el berrido, es lo único que nos queda”, añadió Molina.