El alcalde del municipio de Wiwilí, Manuel Blandón Zamora, que fue suspendido en sus funciones por la juez orteguista Diana Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, no descarta que detrás de la demanda laboral de extrabajadores de la comuna exista la intención de la dictadura de apoderarse de esa alcaldía que ganó en las elecciones pasadas el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“No podemos decir que esto no tenga algún roce político, pero nosotros creemos en nuestra estrategia de defensa y vamos a dar la batalla en los juzgados. Más allá de que esto tenga un trasfondo político, no queremos descuidar ningún punto, pero a lo mejor, posiblemente el fondo de esta situación sea apoderarse de la Alcaldía, pero eso estará por verse”, advirtió Blandón.
El pasado 25 de septiembre la judicial suspendió del cargo de alcalde en funciones del municipio de Wiwilí a Blandón Zamora, mientras dure el proceso judicial por el delito de desobediencia de autoridad, funcionario o empleado público, relacionado con una demanda laboral realizada por 36 extrabajadores de la comuna que son operadores de la dictadura.
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El pasado 9 de julio la judicial dio un plazo de tres días a la comuna para que pagara 16.53 millones de córdobas los demandantes. “La Alcaldía no tiene ese dinero, por eso el pasado 13 de julio nosotros presentamos una propuesta que consiste en pagar en un período de cinco años a esos trabajadores, pero esto fue rechazado por ellos y por la judicial», dijo Blandón.
El 17 de agosto el alcalde propuso a los demandantes pagarles en un plazo de tres años, pero la representante legal de estos aún no se ha pronunciado. La judicial citó a audiencia de juicio el próximo 5 de octubre.
Alcaldía funcionando a medias
Blandón explicó que la comuna está trabajando a medias. Tiene las puertas abiertas para atender a la población del lugar en los departamentos de cartera y venta, registro civil, limpieza pública y agua potable. En este momento la administradora de la comuna, Damaris Zamora, es la encargada de ejecutar planes y proyectos ya aprobados, pero no hay quién firme o autorice pagos y compras de bienes.
“El área de contrataciones de la municipalidad, que es el área de adquisiciones eso está paralizado. Para realizar una adquisición no puede haber emisión de cheques ni autorizaciones. En el caso del pago a los trabajadores de la Alcaldía se les ha pagado en un 85 por ciento, ya se había avanzado con el mes de septiembre, pero ya con este mes de octubre tendremos la dificultad con ese pago, de no resolverse pronto esta situación, porque no habría quién autorice el pago”, dijo el alcalde liberal.
Blandón cuestionó la posición de los demandantes y de la judicial a cargo del caso, ya que éstos no aceptan un acuerdo para recibir el pago en cuotas y la juez no quita el embargo de un poco más de dos millones de córdobas a la municipalidad y la retención de las transferencias que hace el gobierno central a las alcaldías. “Bajo estas condiciones, es difícil poder salir de este problema”, se quejó.
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La dictadura envía a esa municipalidad 735 mil córdobas para la ejecución de proyectos y ocho millones de córdobas para gastos operativos. “A menos que haya un aumento en el monto de la transferencia del gobierno central y que en el 2021, a parte de los ocho millones, nos manden más dinero para cumplir su sentencia, pero ahorita es difícil. Es imposible cumplir la sentencia en un solo pago”, advirtió el suspendido alcalde.
“Son artimañas”
El diputado del PLC, Maximino Rodríguez, denunció que antes de ser entregada la Alcaldía, trabajadores afines al partido Frente Sandinista se apropiaron ilegalmente de bienes y que algunos permanecieron en sus puestos de trabajo hasta que llegó la nueva administración.
“Entonces ellos coludidos con los jueces que son fieles cumplidores de lo que dice Ortega, promovieron una demanda laboral para que les pagaran 16 millones de córdobas. Entonces como la Alcaldía no tiene, (el alcalde) les dijo que les iba a pagar en cuotas, pero ellos querían los 16 millones completo y por eso se fueron a los juzgados. Los jueces tienen la orden de la dictadura de volver a rescatar esa Alcaldía, usando todo tipo de artimañas”, cuestionó Rodríguez.
De no resolverse esta situación la comuna quedaría acéfala, ya que la pena mínima para este delito es de seis meses y la máxima dos años. Los 13 concejales liberales y los 13 sandinistas no podrían elegir un sustituto del alcalde por no contar con mayoría de votos y ninguno podría hacer uso el doble voto.
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Antecedente con alcaldesa liberal
El pasado 13 de junio, la misma juez orteguista Diana Jarquín Valle, ordenó suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar, por lo que la perjudicada quedó inhibida de ejercer sus funciones como tal.
Este zarpazo arbitrario a la ley y al proceso penal lo hizo la judicial después que el 10 de junio, declaró rebelde a la alcaldesa porque no asistió a una audiencia donde irregularmente la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad y en perjuicio de la administración de justicia. El cargo lo asumió Blandón, quién ahora está siendo víctima de la misma maniobra.