Entre enero y septiembre de este año el Instituto de Defensa al Consumidor (Indec) contabiliza 26,877 quejas contra la empresa distribuidora de electricidad Disnorte-Dissur, un 45 por ciento más que el año pasado, siendo la principal denuncia las alteraciones en las facturas eléctricas.
Marvin Pomares, presidente del Indec, manifestó que las quejas por el servicio de energía no paran, pese a que hace tres meses se anunció una rebaja del 3 por ciento en la tarifa.
“La gente sigue reclamando por la alta facturación de energía. En muchos de los casos la gente ha estado haciendo ahorros de energía, pero eso no sale reflejado en la factura, más bien le sale un poco más alterada. Entonces los usuarios hacen sus reclamos y cuando pasan por primera instancia, Disnorte-Dissur siempre falla a su favor y van a la segunda instancia y pasa lo mismo. Lo que les hemos recomendado a los usuarios de la energía es que introduzcan un reclamo para que les hagan una revisión, un censo de carga en los hogares”, dijo Pomares.4
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Por ejemplo, Auxiliadora Alemán fue el mes pasado al Indec, porque es la tercera vez que le sale alterado su recibo de energía. Alemán, originaria de Jinotepe, manifestó que en julio —cuando se aplicó la baja del 3 por ciento— su recibo pasó de 1,200 a 1,800 córdobas y la empresa solo le dio como respuesta hacer un arreglo de pago.
“Imagínese, yo estoy desempleada, soy madre soltera, dependo de la venta de frescos en la casa y me sale el recibo alterado y lo peor es que la empresa nunca te dice: ‘me equivoqué en la lectura’. A mí me mandaron a hacer un arreglo de pago”, dijo Alemán.
De hecho, según Pomares, la respuesta de cajón de la distribuidora a los quejosos es hacer arreglos de pago: “Cuando el usuario agota todas las instancias y todas son negativas, al final acepta el arreglo de pago, pero te dan una prima elevadísima. Si debés cinco mil córdobas, te dicen que tenés que dar dos mil córdobas y el usuario ahorita no tiene la capacidad”.
Empresa debe dar una explicación
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Alza del 3 por ciento no se sintió
El régimen de Daniel Ortega además ha dotado de mayor poder de persecución, de embargo y encarcelamiento de sus usuarios a Disnorte-Dissur, lo que agrava la crisis de los nicaragüenses.