El hallazgo político más importante de la última encuesta de CID Gallup, cuyos resultados se dieron a conocer el viernes de la semana pasada, ha sido el de la probabilidad de participación de los ciudadanos en las elecciones de noviembre de 2021. Esto aparte de la opinión mayoritaria de la gente —la que por cierto es lógica y comprensible— de que Ortega y Murillo siguen llevando al país por el rumbo equivocado.
De las encuestas que se hacen regularmente en Nicaragua, una de las dos más creíbles y confiables es la de CID Gallup. La otra es la de Borge y Asociados. Por supuesto que no son verdades sagradas reveladas, pero reflejan más o menos el estado de la opinión pública en cada momento determinado.
Según advierte CID Gallup en la presentación de los resultados de la última encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 16 y el 24 de septiembre, esta no ha sido una muestra de hogares porque por ahora no se puede encuestar de esa manera debido a la pandemia. La encuesta ha sido de personas individuales, por medio de teléfonos celulares. En este caso, para que la encuesta sea posible se debe hacer solo en países donde por lo menos un 85 por ciento de la población tenga acceso a la modalidad de telefonía móvil, y este es el caso de Nicaragua. De manera que la muestra fue tomada a 1,202 personas adultas, a partir de los 16 años de edad, que en este país es la mínima para tener derecho de votar, con un nivel de confianza de 95 por ciento.
Según la valoración de la encuesta, en el aspecto político y lo que se refiere a la probabilidad de ir a votar en las elecciones de noviembre de 2021, “hay desconfianza (de los ciudadanos) en la capacidad del tribunal electoral de organizar un proceso electoral honesto, y esta posición es de aproximadamente dos terceras partes de la población.
Esta es la explicación principal de que la probabilidad de participación ciudadana en las próximas elecciones haya disminuido en un 11 por ciento, de 53 por ciento que era en mayo del presente año, a 42 por ciento que indica la encuesta de septiembre.
En realidad, con su renuencia a aceptar las reformas electorales que son necesarias para garantizar unas elecciones libres y transparentes, y sobre todo la negativa de cesar la represión y restablecer las garantías constitucionales que están suspendidas de hecho, lo cual es indispensable para que pueda haber elecciones de acuerdo con los estándares democráticos internacionales, la dictadura está motivando más desconfianza de la gente.
Es comprensible. Ortega está obligado a hacer elecciones de cualquier manera y entre menos ciudadanos vayan a votar el día de los comicios, mejores serán sus posibilidades de ganarlas, inclusive sin necesidad de hacer un fraude como los de las anteriores elecciones, en el conteo y asignación de los votos. Seguramente por eso es que la dictadura recrudece la represión, y fragua maniobras para descalificar a partidos opositores que tienen personería jurídica y su casilla podría ser el vehículo de una amplia coalición electoral democrática.
Además, la intensa campaña de algunos sectores de la oposición en las redes sociales y otros medios, denigrando las elecciones como un camino viable para salir de la dictadura, y acusando que participar en ellas sería avalar el fraude y traicionar al pueblo, sin duda que está contribuyendo a reducir el índice de probabilidad de que los ciudadanos vayan a votar en las elecciones del próximo año.