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CONTENIDO EXCLUSIVO.El Gobierno de Daniel Ortega mantiene su persecución contra de la Iglesia católica, que ha denunciado las injusticias y violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de los nicaragüenses tras el levantamiento cívico en 2018. A inicios de septiembre, el régimen decidió quitar a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), las residencias a dos sacerdotes extranjeros: padre Julio César Melgar y padre Luis Alirio Carrillo quienes brindan sus servicios sacerdotales desde hace más de 9 años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Juan Abelardo Mata.
El obispo denunció que los sacerdotes se encuentran en un «limbo migratorio» debido a que desconocen si las autoridades de migración cumplirán con su palabra de permitirles renovar la residencia; en uno de los casos mensual y en el otro semestral, o si la verdadera intención es hacerlos que abandonen el país.
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«El padre Melgar está viviendo el permiso que le dejaron por seis meses, sin problema alguno, el que sí estoy sacando fuera del país es al padre Carrillo, para que se distensione y vaya algunos días de descanso al lado de su familia en Colombia, mientras las aguas se calman un poco, aquí», apuntó monseñor Mata.
LA PRENSA habló con los sacerdotes extranjeros para conocer el trabajo pastoral que han realizado en la jurisdicción del norte de Nicaragua, el tiempo que han estado en el país y los motivos por los cuales el gobierno orteguista decidió quitarles su residencia permanente, que cada uno tenía válida durante cinco años. Los religiosos aseguran que esperan que su situación se resuelva “conforme a la voluntad de Dios y lo establecido por la Ley de Migración de Nicaragua”.
Padre Julio César Melgar, de El Salvador para Nicaragua
Era apenas un seminarista cuando vino a Nicaragua, el 2 de junio de 1980. Ahora tiene más de 40 años de trabajo pastoral y residencia en el país. En su país, El Salvador, iniciaba la guerra civil y él fue acogido en Somoto por el entonces monseñor José del Carmen Suazo, relató a LA PRENSA el padre salvadoreño Julio César Melgar.
«Estaba joven, tenía 17 años cuando vine. Siempre he estado en Estelí, cuando ingresé al Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora De Fátima, donde me formé y me preparé para sacerdote, estuve bajo la responsabilidad de monseñor Rubén López Ardón, hasta que me ordenó monseñor Mata como sacerdote el 23 de abril de 1992», recordó el sacerdote que ahora tiene 59 años.
El sacerdote tiene una residencia permanente que renueva cada cinco años, pero este año está en «espera» después que la Dirección de Migración decidiera quitársela, mandarlo a renovar semestralmente, cuando la suya tenía una vigencia de al menos cuatro años más. Es decir que hasta 2023 le correspondía hacer la nueva gestión. El padre coincidió con la postura de monseñor Mata, quien catalogó la acción como una forma de «amenazar para callar a la Iglesia católica».
Monseñor Mata sostiene que el sacerdote en su servicio pastoral ha sido muy dinámico y activo. Está emparentado con el cardenal de El Salvador, monseñor Rosa Chávez y eso le ha servido también de soporte religioso en su forma de pastoreo. «Su familia es cercana a la vida de monseñor Óscar Romero, y ha influenciado mucho en el enfoque pastoral del religioso, fue formado en nuestra diócesis», aseveró el obispo.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en diferentes parroquias de los municipios de Estelí, un tiempo estuvo en la Catedral de esa localidad, después tuvo que salir a estudiar a México y regresó para continuar con su misión evangelizadora en las zonas de Quilalí, Wiwilí y San Juan del Río Coco.
«Estuve ahí mis primeros años de ministerio sirviendo en esas comunidades y después me trasladaron a otras parroquias de Pueblo Nuevo, Yalagüina y en Estelí. En febrero de este año me entregaron la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la zona urbana. La mayor parte de mi vida la he pasado aquí, la gente me ha acogido muy bien, he compartido con el pueblo, vivo aquí en Nicaragua y aquí estoy sirviendo en la misión de la Iglesia, siempre dispuesto a servir a Dios y del pueblo», mencionó el religioso. Agregó que en el contexto de la crisis sociopolítica del 2018 le solicitaron ser parte del grupo de mediación con otros sacerdotes y sirvió con mucho gusto desde el espíritu cristiano, humano y evangélico.
En cuánto a su situación migratoria, el padre Melgar detalló que «los primeros años me lo renovaban la residencia cada año, después de los 10 años, me lo renovaron cada 5 años según la Ley, porque ya son muchos años de vivir aquí, tengo residencia permanente, la sorpresa y lo extraño fue que ahora me la redujeron a 6 meses cuando a penas tenía un 1 año de haberla renovado. Para mi el problema no es lo económico nosotros debemos pagar entre 5 y 6 mil córdobas (cerca de 200$)».
A inicios de agosto, el régimen de Daniel Ortega ordenó dolarizar todos los servicios migratorios a través de la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, de acuerdo con esa actualización el costo de residencia anual, cuesta $200 equivalente a C$6,886.70, y en el caso de residencia permanente por 5 años vale $500.00, es decir C$17,216.75.
El sacerdote salvadoreño afirmó que su papel en Nicaragua se rige en obediencia al obispo (Mata) y a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). «Yo no tengo ningún color político, no milito con ninguno, además porque está prohibido por Ley, desde el evangelio ilumino las realidades que se están viviendo desde esa dimensión profética. Yo no estoy fuera del presbiterio, estoy dentro del corazón de esta Diócesis, ahora estoy en “espera” para ver que pasa en febrero, mi vida está en las manos de Dios, mientras este aquí continuaré sirviendo como lo he hecho siempre», concluyó el jerarca.
Desde Colombia, el padre Luis Carrillo
El padre colombiano Luis Alirio Carrillo, fue ordenado como sacerdote católico en Perú por manos de monseñor Marco Antonio Cortéz Lara. En su país pertenecía al Instituto Misionero San Juan Eudes “Los Kardimissio” y arribó a Nicaragua el 6 de enero de 2011, por una misión que se dio entre ese instituto y los obispos de la Costa Atlántica; monseñor Pablo Schmitz y monseñor David Zywiec (q.e.p.d).
«Se abrió una nueva misión en la Costa Atlántica, específicamente en Waspam Río Coco, a 85 kilómetros río arriba en la comunidad La Esperanza. Ahí llegue el 26 de marzo del mismo año, trabajando arduamente en lo pastoral y en lo material, logramos construir el templo parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de esa parroquia nació otra que se llama Nuestra Señora de Fátima en la comunidad Raití», relató el padre Carrillo a LA PRENSA.
En la zona de la Costa Caribe estuvo cinco años y medio, después lo trasladaron a la Diócesis de Estelí, ahí primero sirvió como párroco en la Iglesia Santiago Apóstol y luego en Condega iniciando la Parroquia San Judas Tadeo donde se construyó el templo y organizó pastorales, hasta el cinco de septiembre de 2020, cuando entregó la Iglesia al padre Berick Meza, por disposición del obispo Mata ante la situación migratoria que enfrenta el religioso.
El sacerdote colombiano de 45 años explicó a LA PRENSA que desde su llegada al país ha mantenido sus documentos en regla; los primeros tres años estuvo renovando su residencia y después le dieron la residencia permanente por 5 años; de acuerdo a la legalidad del documento su permiso vence hasta el 15 de enero de 2022, pero le fue reducido a un mes. El religioso atribuye la acción a una represalia después que 6 familias de Condega grabaran una de sus homilías en el que defendía los derechos humanos de los nicaragüenses.
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«Por anunciar la verdad y no estar de acuerdo, a la luz de la Santa Palabra de Dios y con ella hacer ver a la feligresía lo ciegos que los tienen (el gobierno) y que con una lámina de zinc compran sus conciencias y que eso es un pecado grave, el hacerse cómplice de tantos delitos. Me quitaron la residencia, eso sí, migración me dijo verbalmente que debo renovar mi prorroga cada mes, cuando yo la renové desde 2017 y como era permanente de 5 años es válida hasta el 2022, pero ahora en cualquier momento me pueden decir hasta aquí no más y te damos tantos días para que abandonés el país», aseveró el padre colombiano que tiene 9 años de brindar sus servicios pastorales en Nicaragua.
Respaldo de la comunidad religiosa
Monseñor Mata por su parte sostiene que padre Carrillo desde el 2018 ha sido muy beligerante al denunciar todos los atropellos a los derechos humanos haciendo eco de la postura de la CEN y lo describe como un religioso franco y directo. En cuánto a su viaje a Colombia, el obispo señaló que «él va a entrevistarse con su superior, a platicar con ellos y ver si la conveniencia de regresar o lo destinan a otro lugar».
El obispo Mata cree que el quitarles la residencia a los sacerdotes y ordenarles a renovar mensual y semestralmente es una forma para «mantener tensos» a los religiosos y decirles que «de ti depende seguir o no seguir, si te callas sigues, si hablas te vas, porque ninguno recibió algún documento escrito, todo es verbal. Es una política que están siguiendo con otros me he dado cuenta que en la Costa Atlántica hay varios presbíteros que están en la misma situación, donde la mayor parte del clero es extranjero», concluyó monseñor.
En esa misma línea, el alto jerarca reveló que el padre Carrillo le ha pedido que sea un «obispo benévolo», debido a que «él se ha enamorado mucho de Nicaragua. Me ha pedido que sea un obispo benévolo que en Derecho Canónico significa aquel obispo que acoge a un religioso que se sale de su congregación y se integra a un presbiterio determinado».
LA PRENSA se comunicó con monseñor Pablo Schmitz, obispo de las diócesis de Bluefields y Siuna, para conocer la situación de los religiosos de su jurisdicción. «Yo sé que a ninguno les han quitado (la residencia), pero se le han limitado de cinco a un año a al menos dos sacerdotes extranjeros de Estados Unidos y Europa que están en la zona de Bluefields», se limitó a mencionar el obispo sin especificar nombres.
Modo de operación
El padre Carrillo al igual que el padre salvadoreño aún permanecen en el país, a espera que les resuelvan su «limbo migratorio», pues no se sabe si se respetará la renovación mensual y semestral respectivamente, o tendrá que abandonar Nicaragua, como hizo en 2018 a la defensora de derechos humanos Ana Quirós.
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Quirós, de origen costarricense, llegó a Nicaragua después del terremoto de 1972 y desde 1997 es ciudadana nicaragüense. Sin embargo, 21 años después, el 26 de noviembre del 2018, a eso de las 7:10 de la noche, fue expulsada de Nicaragua por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, departamento de Rivas. Fue entregada a autoridades de Migración de su país de origen Costa Rica.
La defensora de derechos humanos antes de ser expulsada recibió una citatoria para presentarse a Migración sin mayores explicaciones — mismo patrón que ha sido aplicado sacerdotes extranjeros —, su expulsión y el despojo de su nacionalidad fue condenado por organismos de derechos humanos como una «acción arbitraria» con el fin de callar las voces críticas al régimen orteguista.
El artículo 64 de la Ley 761 establece como causales para la pérdida de nacionalidad nicaragüense entre otros: la renuncia expresa de la nacionalidad nicaragüense; uso indistinto de su nacionalidad de origen y de la nacionalidad adquirida para salir e ingresar al territorio nacional; cuando la solicitud de nacionalización haya sido presentada con documentación fraudulenta o su contenido sea contrario a la verdad; cuando se nieguen a concurrir en defensa de la Patria en caso de agresión extranjera; y cuando fuere condenado por Actos de Traición por virtud de sentencia ejecutoriada.
«Acción arbitraria», afirma jurista
A lectura del abogado José Antonio López, del despacho jurídico de Defensores del Pueblo, las autoridades migratorias con la cancelación de la residencia a sacerdotes extranjeros están cometiendo una «acción arbitraria» con la que se está violando la Constitución Política, “de hecho al artículo 27 que establece: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”, apunta.
«Debemos recordar que los extranjeros gozan de la misma prerrogativa (deberes y derechos) que los nacionales, lo único que no pueden es meterse en política», agregó el jurista citando el artículo 27 de la Constitución. En esa misma línea señaló que el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería en su numeral 58 dicta que la residencia permanente en el país tendrá una vigencia de 5 años, la cual se podrá renovar cumpliendo con los requisitos establecidos. De forma excepcional puede otorgarse por un periodo menor cuando existan razones humanitarias que lo justifiquen.
De acuerdo al abogado si no existe un fundamento legal para reducir las residencias entonces Migración además de violar la Constitución, está abusando de su poder. «La Constitución —en su artículo 38 — dice que es retroactiva solo en materia penal y aquí estamos hablando de derechos administrativos, entonces el director de Migración sin fundamento legal, no puede y no tiene facultad, aquí entonces los sacerdotes tienen derecho a la defensa, porque es un proceso administrativo», planteó el jurista.
El abogado hizo hincapié sobre la política partidaria que mantiene el régimen de Daniel Ortega y cuestionó la decisión de otorgarle el asilo y nacionalidad al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, prófugo de la Justicia y que recientemente el Fiscal General de ese país, Raúl Melara, ordenó la sexta orden de captura.
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«Cómo es posible que aquí una persona que tiene más de 40 años de residir en Nicaragua por su misión pastoral y cumpliendo al pie de la letra, en el tiempo y forma establecido le quiten la residencia y atenten con expulsarlos; y una persona prófuga de la justicia que de la noche a la mañana obtuvo el asilo y nacionalidad, porque no lo digo yo, lo dice el mismo Funes en una entrevista a viva voz, sin chantaje, sin halago, sin presión, él dice que mandó su solicitud a Migración y que expeditamente el Gobierno le dio el asilo, cuando aquí hay tratados ratificados, donde establece que no le pueden dar asilo político a las personas que están siendo objeto de procesos o acusación en su país», refutó el jurista. El exmandatario salvadoreño obtuvo su asilo y el de su núcleo familiar, el 6 de septiembre de 2016, tres años después, el 30 de julio de 2019, el régimen le otorgó la nacionalidad.