El régimen de Nicaragua le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, a quien la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) lo declarara como acusado por una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y por estafa propia, apropiación y retención indebidas, según medios de comunicación de Guatemala.
De acuerdo con La Gaceta, diario oficial de Nicaragua No. 194, Herrera “ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua al ser centroamericano y tener residencia en el país”.
Herrera, de 67 años, es referido en La Gaceta como “de nacionalidad guatemalteca, mayor de edad, casado, comerciante” y “con cédula de residencia permanente nicaragüense, con domicilio y residencia en Managua, República de Nicaragua”.
Y señala que gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley No.761 “Ley General de Migración y Extranjería” y su Reglamento.
Según medios de comunicación guatemaltecos, fueron al menos unos 7.3 millones de dólares del IGSS que involucran a Herrera y 35 personas más.
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Según el diario Prensa Libre de Guatemala, Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore (fuera de plaza) Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd. empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de viviendas para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social.
Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por 232.7 millones de quetzales, cuando Herrera las había comprado por 220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los 350 millones de quetzales aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado 228.5 millones.
El Ministerio Público guatemalteco, según las publicaciones, pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de 7 millones de dólares.
El asilo político
Nicaragua le brindó asilo político en la resolución 039-2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmada por el canciller Denis Moncada, en la que se determinó: «Otorgase asilo político al señor Gustavo Adolfo Herrera Castillo», quien, en archivos del medio de comunicación de Guatemala, Plaza Pública, es descrito como «un tipo escurridizo. Se niega a hablar con la prensa de todo: de su vida y sus negocios, de su vinculación con al menos los últimos tres Gobiernos, y, sobre todo, de las razones que lo mueven a influir en la designación de las autoridades judiciales de Guatemala. Esta es una aproximación a su nebulosa vida».
El argumento ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y publicado en el diario oficial La Gaceta del 20 de agosto de 2018, indica que el 3 de agosto del presente año Herrera «casado y comerciante», identificado con pasaporte 262598582, solicitó asilo político, «por considerar estar amenazada su vida, integridad física, seguridad y libertad», según reporte de LA PRENSA.
Según los medios guatemaltecos, Herrera para lograr el asilo dijo que el Juzgado Undécimo Penal de Guatemala le sobreseyó de forma parcial el delito de lavado el 12 de marzo de 2009, ante una supuesta doble persecución penal, por lo cual ordenó la desestimación y archivo del proceso.
De acuerdo con Herrera, las circunstancias cambiaron el 20 de abril último, cuando la Fiscalía pidió al mismo juzgado elevar a mayor riesgo el caso en su contra, a pesar de que había una desestimación y archivo. El empresario alegó lo anterior como una tercera persecución política en su contra, orquestada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a través de la Fiscalía.
Según reportó LA PRENSA, Herrera argumentó ante la cancillería nicaragüense que «ilegalmente se ha iniciado una tercera persecución penal, por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a través de la Fiscal General de la República, lo cual evidencia con comunicación del 20 de abril de 2018 dirigida al Juez Undécimo de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala en la cual se declara con lugar la solicitud de determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso No. O 1071-2005-01599 que se encuentra en trámite. Agrega el solicitante de asilo, que dicho proceso no se encuentra en trámite en virtud del auto de desestimación y archivo, y que se trata de una persecución política contra su persona».
El Ministerio de Relaciones Exteriores fundamentó su decisión de otorgar asilo al sospechoso personaje en que «Nicaragua es respetuosa del cumplimiento de los Convenios de Asilo y los instrumentos de Derechos Humanos y Derechos humanitarios ratificados, que establecen que es potestad soberana del Estado asilante otorgar el asilo».
Gustavo Herrera es originario de Cobán, Alta Verapaz, empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos.