Alexa Olesen
BEIJING/ AP
El secuestro de personas que van a Beijing a presentar alguna queja ante el Gobierno central de China y su detención en cárceles clandestinas a fin de silenciarlos se ha convertido en una industria subterránea rentable que la Policía se niega a detener, denunció este jueves un grupo de derechos humanos.
El informe presentado por el grupo de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), de Nueva York, sobre “cárceles clandestinas” fue preparado en base a entrevistas a 38 personas que dijeron que fueron secuestradas por sicarios mientras trataban de presentar quejas sobre sus autoridades locales ante el Gobierno central.
Afirmaron que los tuvieron detenidos por días o meses en centros de detención improvisados sin alimentos y sin dormir, fueron golpeados y amenazados. La Policía presuntamente ayudó a los captores o se negaron a intervenir en varios casos, indicó.
ESTÁN EN CUALQUIER LUGAR
Las cárceles clandestinas comenzaron en China hace seis años después que se le prohibió a la Policía detener a los vagabundos. Las cárceles, que por lo general son improvisadas en hostales, edificios de viviendas o en fábricas abandonadas, han sido bien documentadas por grupos de derechos humanos, abogados y los medios internacionales.
BEIJING NIEGA
Sin embargo, el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, Qin Gang, rechazó el resultado del estudio de HRW y cuestionó por qué había sido divulgado.
“No sé cuál es su motivación”, señaló ayer en una conferencia de prensa.
El informe revela nuevos aspectos económicos de las cárceles y por qué se evita tomar medidas drásticas para detenerlas pese a que violan las leyes de China e internacionales.
RESPONSABILIZAN AL SISTEMA
Responsabiliza a un sistema de evaluación de servicio civil que usa un sistema de puntaje que sanciona a los funcionarios si demasiadas personas presentan quejas sobre su jurisdicción ante el Gobierno central y premia a aquellos que pueden minimizar las quejas.
En vista de que las evaluaciones están vinculadas a bonificaciones y promociones, es beneficioso para los funcionarios pagar a personas para que intercepten, detengan e intimiden a los denunciantes, indicó el organismo.
El informe señala a una presunta regla interna que dictó el Gobierno a las autoridades en Shimen, un condado de la provincia de Hunan en el sur de China en el 2007, que dice que los funcionarios reciben dos puntos si logran devolver a los denunciantes que llegan a Beijing o a la capital provincial Changsha, mientras que a aquellos que no logran hacerlo se les reduce medio punto.
AUTORIDADES PAGAN POR LAS CÁRCELES
Las autoridades por lo general pagan por las cárceles clandestinas entre 22 dólares a 44 dólares (150 yuanes a 300 yuanes) por cada día, donde se retiene a los denunciantes hasta que sean recogidos y se les devuelva a sus lugares de origen, indicó el informe.
Se calcula que cada año se detiene a unas 10,000 personas en cárceles clandestinas, aunque el número incluye algunas personas que son detenidas en varias ocasiones.
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