Promesas incumplidas y abandono fue lo que denunciaron las familias desalojadas por la Alcaldía de Managua y que hace algunos años habitaban en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en la capital.
- Los pobladores desalojados del sector aledaño a la Embajada de Estados Unidos y reubicados en el Anexo a Villa Libertad no son los únicos afectados con la carencia de recursos de la municipalidad.
Las necesidades de la población es mucho mayor a lo programado.
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Con copias de un documento escrito a mano, pero con las firmas y sellos oficiales de la comuna, una decena de familias capitalinas demostró que las autoridades municipales se habían comprometido a legalizar los terrenos entregados en compensación por el desalojo sufrido hace unos cinco años.
“La Alcaldía de Managua hizo que nos fuéramos de nuestras casas (en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos) y se comprometió con estos papeles a darnos todas las condiciones para nuestro desarrollo”, criticó Yamileth Artola, una de las reubicadas.
Según dijo Artola, el compromiso de la comuna se cumpliría en un plazo de seis meses, pero ya han pasado casi cinco años y todavía no cumplen.
“Lo que más nos preocupa es la legalización, porque no estamos legales y en cualquier momento nos quitan todo. La Alcaldía también se comprometió a ayudarnos con el drenaje, el agua potable, las cunetas, pavimento y nada de eso ha hecho”, dijo por su parte Sandra Aráuz, otra de las reclamantes.
A la fecha, las familias que todavía esperan que la comuna cumpla son más de diez y habitan en el Anexo a Villa Libertad.
“Nos preocupa no tener las condiciones básicas porque sólo entre nosotros (los reubicados) hay 45 niños que se enferman con tantas necesidades”, agregó Aráuz.
De acuerdo a la nueva división política administrativa de Managua, el Anexo a Villa Libertad es parte del recién creado Distrito Siete de la capital.
Sin embargo, en la propuesta del presupuesto municipal para el 2010, la comuna no programó recursos para el cumplimiento de alguna de las demandas de las familias reclamantes.
“No podemos continuar en estas condiciones. A nosotros nos mandan una pipa dos veces a la semana para que podamos beber agua. Este presupuesto (iniciativa de presupuesto) deben modificarse”, insistió Aráuz.
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