La labor investigativa y fiscalizadora de la prensa es vital para responsabilizar a los gobiernos y mantener a raya a los corruptos. Sin denuncia periodística hay poca transparencia y la democracia se debilita. Muchos gobiernos rechazan estos principios. Prefieren una prensa sumisa o amordazarla con leyes restrictivas. Así compran silencio y esconden corrupción.
No es casualidad que los países latinoamericanos donde más se está limitando a los medios de comunicación, como en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina, son precisamente los que aparecen como peores clasificados en la lista de percepción de la corrupción que difundió Transparencia Internacional (TI) esta semana.
En una escala del 1 al 10 (siendo la peor la de menor valor) Venezuela, con una puntuación de 1.9, fue considerado uno de los países más corruptos del mundo, ubicándose en el puesto 162 de 180. En orden ascendente se situó Ecuador, 2.2; Nicaragua, 2.5; Bolivia, 2.7 y Argentina con 2.9, de un total de 21 naciones latinoamericanas que obtuvieron un vergonzoso puntaje menor de cinco puntos.
La medición de TI comprueba que donde se busca mayor silencio mediático se registra más corrupción gubernamental. Venezuela tiene uno de los sistemas más restrictivos de prensa en el continente. Las denuncias contra el nepotismo de Hugo Chávez, beneficiando a parientes y autoridades, así como los dineros opacos que fluyen de los entes estatales, sirvieron para justificar la ley de Responsabilidad Social. Un mecanismo que le ha servido al gobierno para clausurar RCTV, decenas de radioemisoras y amenazar de cierre a Globovisión, así como crear una vasta red de medios públicos que jamás denunciarán irregularidad alguna.
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En Argentina, la ley de Servicios Audiovisuales lleva la consigna de destronar al Grupo Clarín y a otras empresas que revelaron, por ejemplo, el desmedido enriquecimiento del patrimonio de Cristina Kirchner y su esposo o los dineros espurios utilizados en su campaña electoral. En Ecuador, la nueva ley de Comunicación busca amordazar a medios como Teleamazonas, que ya sufrió varios aprietes oficiales por poner en evidencia que Fabricio, hermano de Rafael Correa, se beneficiaba con contratos con el Estado. Mientras que Daniel Ortega busca acallar al diario LA PRENSA para evitar que se sepa que sus familiares se han beneficiado con el manejo de empresas privadas y hasta con vacaciones pagadas por todos los nicaragüenses.
En la medición de TI se observa que también existe una estrecha relación entre libertad de prensa y transparencia; es decir, a mayor tranquilidad de los medios para trabajar, menos corrupción. Los países mejor ubicados fueron Chile y Uruguay en el puesto 25 con una puntuación de 6.7; Puerto Rico, 5.8 y Costa Rica 5.3; justamente donde los medios sufren menos o pocas represalias por su labor.
Hay otros países, como Brasil, calificado con un bajo 3.7 puntos, que se mueven en terrenos cenagosos. Es que para ascender como potencia mundial no necesitaría restringir a los medios, sino demostrar que es más transparente; lo contrario que tiene en mente el presidente Lula da Silva.
Cuando medios de experimentada trayectoria como los diarios O Estado de S. Paulo y Folha vienen denunciando una corrupción galopante en el Senado federal, donde están involucrados y procesados su presidente José Sarney y 27 de los 81 senadores, Lula y su Partido de Trabajadores, insisten en regular los contenidos de los medios mediante mecanismos de control público para combatir los monopolios y la concentración, excusa similar que derivaron en leyes restrictivas en Argentina, Ecuador y Venezuela.
Si bien ningún tipo de concentración de poder es beneficiosa, incluyendo a los medios, los gobiernos más que achicar medios deberían incentivar que crezcan otros y que haya más competencia. Lo que tratan, en realidad, es evitar que haya medios grandes e independientes capaces de investigar, criticar y denunciar la corrupción.
La fórmula es simple. Para combatir el silencio y mejorar la transparencia, se necesita mayor libertad de prensa. Difícil lograr esa meta, si los gobiernos se empecinan en perseguir a Globovisión, Teleamazonas, Clarín, LA PRENSA o Fohla de S. Paulo, una lista cada vez más larga de empresas periodísticas del hemisferio que están siendo acosadas por gobiernos de corte populista, que ven en el periodismo una amenaza a su hegemonía.
El autor es periodista argentino, director de prensa de la SIP
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
