Al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, no le resultará tan sencillo ocultar su declaración de probidad, ese parece el objetivo de un grupo de seguimiento de la Comisión Interamericana Anticorrupción y otro identificado como abogados demócratas de Nicaragua, que mañana insistirán en la entrega de esa declaración ante el Poder Judicial.
El 18 de noviembre del mes pasado el Consejo de Contralores decidió no revelar la declaración de probidad de Rivas, que había sido solicitada por el periodista de LA PRENSA, Eduardo Cruz, y el Jefe de Redacción de este mismo Diario, Eduardo Enríquez.
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La misma declaración de probidad de Rivas había “desaparecido” de los archivos de la Contraloría General de la República (CGR), según una denuncia del abogado Gustavo García Prado. En febrero de este año García Prado denunció a Rivas por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, peculado, malversación de caudales públicos y defraudación aduanera ante la Fiscalía General de la República, pero esta institución archivó la denuncia dos meses después.
García Prado hará un nuevo intento mañana por la mañana ante el Poder Judicial y junto al grupo de abogados iniciará también otras actividades de presión en contra de la Contraloría y el CSE, pues sostuvo que la declaración del magistrado “absolutamente no es del aspecto privado”.
El abogado Lulio Marenco, del grupo de abogados demócratas de Nicaragua, confirmó que ellos participarán en la solicitud de la exhibición de documentos públicos, sobre la declaración de probidad de Rivas.
Marenco adelantó que también denunciarán al Consejo de Contralores por violar la Ley de Acceso a la Información Pública, que le obliga a revelar la declaración de probidad de cualquier funcionario público, a petición de cualquier ciudadano, sin necesidad de conocer los motivos del solicitante.
Una vez más LA PRENSA intentó ubicar al magistrado Rivas para conocer su versión sobre este nuevo reclamo. Sin embargo, fue imposible localizarlo. Tampoco respondió el vocero del CSE, Félix Navarrete, quien en el pasado no ha tardado en defender a Rivas a través de los medios afines al gobernante Frente Sandinista.
En ocasiones anteriores Rivas también ha declarado a través de esos mismos medios que la información sobre sus bienes es privada, incluso ha responsabilizado a quienes la solicitan por cualquier daño o robo que pueda sufrir a causa de este interés.
En realidad, la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos y la Ley de Acceso a la Información Pública considera que la declaración de probidad de un funcionario público no es información privada, pues sus salarios se pagan con los impuestos de todos los nicaragüenses.
En el caso de Rivas, las sospechas de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero que denuncia García Prado obedecen a la ostentosa vida que el magistrado tiene en Costa Rica, donde también se ha revelado que hospeda a dos hijos del presidente Daniel Ortega, en una zona exclusiva de San José, donde el costo de una propiedad oscila entre 980 mil y tres millones de dólares. También se ha conocido que los hijos de Ortega se movilizan en vehículos oficiales de la Embajada de Nicaragua en ese país, que está a cargo de Harold Rivas, hermano del magistrado electoral.
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