“La frontera con Nicaragua no está en el (río) San Juan, sino en la mentalidad autoritaria de sus gobernantes y la ausencia de frenos institucionales a los abusos del poder”.
Ésa es la interpretación del Diario La Nación de Costa Rica, en su editorial de ayer, como reacción a la nota enviada por la Embajada de Nicaragua en ese país a la Cancillería, en la cual pide intervengan para detener “la persecución” emprendida contra el embajador Harold Rivas y familia, al develar anomalías en el uso de derechos diplomáticos para beneficios personales.
Para el diputado liberal Wilfredo Navarro, “es una vergüenza la forma en que el Gobierno exhibe a Nicaragua con ese reclamo”.
“Es una actitud de creer que su lucha por frenar la libertad de expresión la puede extender a Costa Rica”, dijo Navarro.
Sin embargo, para el parlamentario la posición de la Cancillería tica al responder que disentía de lo expuesto por la sede diplomática nica, ya que “la divulgación de información que, en todo caso, es de orden público y de libre acceso para cualquier ciudadano en Costa Rica, como corresponde a la democracia más antigua del continente y donde el ejercicio de las libertades, incluida la libertad de expresión, es una práctica cotidiana”, es una lección de democracia, donde no se impone la censura.
“Gracias a Dios que La Nación está en Costa Rica, donde se respeta la libertad de expresión, y no en Nicaragua, donde el Gobierno insiste en tratar de censurar a LA PRENSA y El Nuevo Diario”, dijo Navarro.
Navarro dijo que el problema radica en que las investigaciones realizadas por ese medio han dejado al descubierto una estela de corrupción, tomando en cuenta que en Nicaragua viven en la impunidad.
FALTA INSTITUCIONALIDAD
“Es por allí y no por el río (San Juan) que Nicaragua expulsa a miles de inmigrantes, cuyo aporte al dinamismo económico costarricense nos complace reconocer. Por allí, también, se cuelan la miseria y la desesperanza. Sin instituciones fuertes ni garantías democráticas, Nicaragua es incapaz de aprovechar el enorme potencial de sus riquezas naturales y las habilidades de su población sacrificada”, expone el editorial, al señalar que parte de la problemática de los nacionales es precisamente el irrespeto de parte del Gobierno a los preceptos democráticos.
En ese sentido, el ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, lamentó que la nota de la embajada nicaragüense en Costa Rica, en vez de pronunciarse o explicar sobre la manera en que se introdujeron los dos vehículos de lujo al país vecino y por qué son utilizados por la familia del magistrado Roberto Rivas Reyes, reclame protección para la familia del embajador y para los hijos del Presidente Daniel Ortega, que habitan en el complejo residencial del magistrado electoral.
Díaz consideró que la posición de la embajada y su representante, Harold Rivas, fue “equivocada” al solicitar medidas contra La Nación, que tiene una trayectoria nacional e internacional, como pretexto para tratar de evadir “sus responsabilidades”.
Añadió que la actitud de Rivas se interpreta como “una patente de corso” con la cual pueden hacer “lo que quieran”, contando con el respaldo de la pareja presidencial, donde incluso, a pesar de la existencia de leyes, las mismas no son respetadas.
Díaz, al igual que el diputado Navarro, aplaudió la respuesta de Cancillería de Costa Rica a la solicitud de censurar a La Nación, la que calificó de contundente.
LA RESPUESTA DE CANCILLERÍA
“Siendo Costa Rica un Estado de Derecho en el que la libertad de expresión e información está plenamente garantizada, no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los Convenios Internacionales, le son sumamente preocupantes los argumentos que esa Honorable Misión Diplomática invoca para intentar silenciar a un medio de comunicación nacional, y aún más temerario y aberrante, que se solicite la intervención de las autoridades de seguridad del país a fin de que cese lo que la Honorable Misión Diplomática considera como “acoso” y “persecución” por parte del diario La Nación sobre miembros de esa Honorable Misión”, señala la nota oficial.
¿TARDÍA RESPUESTA DE EMBAJADOR RIVAS?
Según una fuente de la Cancillería costarricense, la Embajada de Nicaragua envió una nota a la Dirección de Protocolo el pasado miércoles, explicando que las exoneraciones de los dos vehículos fue haciendo uso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y son propiedad exclusiva, así como su uso, del embajador Rivas.
También, según la misma fuente, la Embajada argumentó que al ser Nicaragua un país de pocos recursos, estos vehículos son facilitados a funcionarios del Estado nicaragüense y sus familiares cuando llegan a Costa Rica, pero siempre están bajo el dominio del embajador Rivas Reyes.
LA PRENSA intentó saber si esta explicación es considerada satisfactoria, pero el director de protocolo Javier Sancho ayer estaba en reunión, según su despacho.
Al inicio de la crisis, el canciller Bruno Stagno sostuvo que el ministerio que dirige tiene “potestad de declarar ‘non grato’ al agente diplomático que incumpla la normativa que regula los privilegios otorgados por el país”, de acuerdo con La Nación.
(Con la colaboración de Josué Bravo )
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