Por Moisés Martínez
Cuando LA PRENSA descubrió en el 2007 la famosa estrategia de comunicación diseñada por la Primera Dama, Rosario Murillo, llamó la atención que uno de sus principales puntos establecía que este Gobierno tendría cero tolerancia hacia la corrupción.
La enfrentarían a su manera, fantaseando con el control absoluto de la información para darles la oportunidad de lavar su “ropa sucia” en casa y evitar caer en esos grandes escándalos públicos como los que dañaron severamente a las administraciones anteriores.
Ni lo uno ni lo otro ocurrió. El control absoluto de los medios de comunicación independientes sigue siendo una fantasía de la pareja presidencial y lamentablemente la cero tolerancia a la corrupción es otra de las demagogas promesas del presidente Daniel Ortega.
Sin embargo, la docilidad para fiscalizar a este gobierno mostrada por la Contraloría General de la República y la inercia total, que alcanza niveles de complicidad, mostrada por una apática oposición política le ha permitido a este Gobierno manejar los recursos del Estado a su entera discreción, pese a las evidencias de corrupción y uso irregular presentadas por investigaciones periodísticas independientes, principalmente las realizadas por LA PRENSA.
He aquí un recuento de aquellos grandes escándalos descubiertos por este Diario y para el cual el Gobierno ha tenido toda la complacencia del mundo hacia los funcionarios involucrados, lo que resulta completamente antagónico con el lema de cero tolerancia a la corrupción del cual tanto se ufanó la Primera Dama.
LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL
Entre 2008 y el primer semestre del presente año la denominada “cooperación” venezolana alcanzó los 740 millones de dólares. Para una economía tan paupérrima como la nacional, semejante cifra podría incidir notablemente en áreas tan sensibles como educación, salud e infraestructura vial por citar algunas. Sin embargo, la denominada “cooperación” pareciera que sólo ha venido a oxigenar el espectacular crecimiento de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), columna vertebral de un nuevo consorcio económico vinculado directamente con el presidente Daniel Ortega y su familia, denominado como Grupo Alba.
Las investigaciones de LA PRENSA comenzaron a seguirle la pista a este grupo económico desde su surgimiento en febrero de este año, cuando se publicó en este Diario que el Grupo Alba adquirió las operaciones de la Tribu Seminole en el país por medio de una de sus filiales, Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa).
Esta operación superó los 11 millones de dólares y aparentemente fue dirigida por el hijo mayor de la familia presidencial, Rafael Ortega Murillo. Éste fue señalado por el reconocido economista Francisco Lainez como el “testaferro” de los negocios presidenciales.
Esta operación le dio a este consorcio participación en el sector turístico con la adquisición del hotel Seminole, que es donde actualmente se llevan a cabo los principales eventos de las instituciones estatales, pero principalmente sentó las bases del monopolio de Albalinisa de las exportaciones de productos agropecuarios hacia Venezuela. El presidente Ortega pasó a convertirse en el “rey del ganado” de Nicaragua.
Aprovechando que la Contraloría se lavaba las manos aduciendo que Albanisa era una empresa privada fuera del radar de la fiscalización pública y la oposición política del país observaba tranquilamente su expansión sin hacer algo concreto, el Grupo Alba siguió apropiándose tranquilamente de recursos estatales para usarlos como su patrimonio.
Éste fue el caso de los 130 buses rusos y las plantas eléctricas Taiwán, donados al Estado nicaragüense pero capitalizados a su favor por Alba Transportes y Alba Generación.
En menos de un año, el Grupo Alba pasaba a ser el principal agente de generación energética del país con la puesta en operación de los 180 megavatios del complejo Ernesto “Che”·Guevara, esto a pesar que el presidente Ortega dijo en marzo del 2007 que las plantas serían donadas, para luego descubrirse que éstas en realidad serían pagadas por todos los usuarios por medio de la factura eléctrica, mientras Alba Generación se quedaba con las utilidades por venta de energía.
El 3 de septiembre pasado este Diario revela que el Grupo adquiría las operaciones en el país de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), filial de la transnacional petrolera suiza Glencore. El Grupo Alba se hizo de la mayor red de gasolineras del país y los tanques de acopio de Glencore en Puerto Corinto con una capacidad mayor a 280 mil barriles.
Una serie de reportes especiales de LA PRENSA titulados “El Capitalismo del Siglo XXI” publicados al partir del 28 de septiembre deja al descubierto cómo esta operación le permite al Grupo Alba controlar el 73 por ciento de la capacidad de almacenaje y el 100 por ciento de la importación de hidrocarburos del país. Además se detalla el maletín de empresas formalmente constituidas y en operación que el consorcio actualmente tiene. Y los planes de expansión siguen viento en popa.
LOS AMARRES DEL INSS
El uso de los fondos aportados por todos los asegurados del país al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es un secreto de Estado desde la perspectiva de su director, el militar retirado Roberto López. Lo que no ha logrado ocultar el funcionario es el discrecional uso de su parte de estos fondos en inversiones secretas y negocios que benefician a sus ex colegas militares.
Todo empezó a desvelarse como parte de una serie de reportajes especiales publicados en marzo de este año por este Diario sobre la situación del sector salud en Nicaragua. En medio de las pesquisas se descubrió que el INSS, violentando los controles fiscalizadores de la Contraloría General de la República, compró “en secreto” los Laboratorios Ramos en 3.1 millones de dólares.
El INSS continuó haciendo negocios sin entregarle cuentas a nadie. En un proceso licitatorio calificado de “irregular” por los otros empresarios participantes, el INSS adjudicó un contrato de 6.5 millones de dólares a la empresa Constructores Nicaragüenses Asociados (Coniasa), adscrita al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), brazo económico del Ejército. Esto pese al flagrante conflicto de intereses en el proceso, dado que López es miembro de la Junta Directiva del IPSM, además de su pasado como militar.
Otra investigación periodística de LA PRENSA reportó que el INSS aportó seis millones de córdobas de los asegurados para crear en asociación con el IPSM y el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), vinculado a la Policía Nacional, la distribuidora de medicinas Farmacéuticos y Conexos (Farcosa).
A pesar de ser fondos de los asegurados, López no ha dado explicaciones sobre estas inversiones y la Contraloría ha visto el caso con la misma pasividad de siempre, máxime que se descubrió que el director de adquisiciones del INSS, Eddy Montenegro Espinoza, es hermano del contralor sandinista Luis Ángel Montenegro.
El INSS también adjudicó parte del contrato para equipar los Laboratorios Ramos a la empresa Unimark S. A., siendo una de sus principales accionistas Alicia Sáenz, ex vicepresidenta de esa institución, asesora externa de la Asamblea Nacional y colaboradora histórica del diputado sandinista Gustavo Porras, de quien se dice es el director de facto del INSS. Esta empresa representa en el país a los laboratorios indios Hetero Drugs a los cuales el Minsa compró 460 mil dólares de medicamentos para combatir la influenza humana.
LOS ORTEGARCAS
El presidente Daniel Ortega ha dejado bien claro que su idea es asimilar en Nicaragua el modelo económico y político impulsado en Venezuela por su amigo y aliado Hugo Chávez Frías. Pareciera que va por “buen camino”, ya que si en Venezuela se ha gestado una denominada boliburguesía, una clase social emergida gracias el clientelismo político practicado por el caudillo venezolano, en Nicaragua hacen su aparición los “ortegarcas”, la nueva oligarquía que sienta sus bases en el control del Poder Ejecutivo sostenido por el mandatario.
Esto fue lo que descubrió la serie de investigaciones periodísticas de LA PRENSA sobre las mansiones de la nueva oligarquía orteguista, publicada en julio pasado: Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua y el verdadero poder en la comuna, compró una casa en abril pasado en los Altos de Santo Domingo, valorada en más de 300 mil dólares.
Edgardo Cuarezma, Secretario Político Departamental del Frente Sandinista. Se jacta de representar a los pobres de Managua, mientras ostenta su nueva casa valorada en 350 mil dólares en el exclusivo residencial La Rioja.
Gustavo Porras, el sindicalista hacendado. Diputado y principal agitador callejero del gobierno orteguista. Ahora cuenta entre sus nuevas propiedades con una finca de más de 100 manzanas ubicada en Muy Muy, estimada en 148 mil dólares.
Francisco López, presidente de Petronic, vicepresidente de Albanisa y tesorero del Frente Sandinista, construyó una hermosa casa de playa en el balneario El Tránsito valorada en 300 mil dólares.
El más ostentoso de todos es el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño. El 2009 vio surgir en un tranquilo paraje ubicado en el camino a San Isidro de la Cruz Verde su hermosa mansión de más de tres millones de dólares construida en un terreno “piñateado” por el asesor presidencial.
La respuesta del Gobierno a todas estas publicaciones: Montar una campaña “sucia” en la que mostraban las viviendas de los directivos de LA PRENSA y el Jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, a quien acusaron de tener una lujosa mansión cuando éste ni siquiera tiene casa propia.
FISCALIZACIÓN CERO
LA PRENSA también reveló una de las costumbres más nocivas de parte de la Administración del presidente Daniel Ortega, la cual atenta directamente contra el buen uso de los recursos públicos: La insistente solicitud de exclusiones de procedimientos para los proyectos emprendidos por el Estado. El 14 de febrero una investigación periodística reveló que la Contraloría General de la República le había aprobado al Gobierno 2, 700 millones de córdobas en contratos directos desde su ascenso en enero del 2007 hasta mediados del 2008. Este monto superó lo que se le aprobó durante toda su gestión al presidente Enrique Bolaños
Esto se desglosó en 249 peticiones de exclusiones de procedimientos hechas por las entidades gubernamentales, de las que sólo cinco fueron rechazadas. El programa Hambre Cero, emblématico del gobierno ortegista, fue al que más dinero se le asignó vía exclusión de procedimiento.
Las informaciones de LA PRENSA provocaron un fuerte “regaño” de la pareja presidencial a su principal ficha en la Contraloría, el oficioso contralor Luis Ángel Montenegro. Debido a esto, éste cabildeó con sus colegas para que los informes completos de exclusiones de procedimientos que estaban desglosados mensualmente fueran removidos del sitio web de la Contraloría.
Posteriormente el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), retomó las indagaciones de LA PRENSA y en un amplio estudio publicado en abril pasado detalló que el gobierno del presidente Daniel Ortega durante dos años y medio de gestión había solicitado exclusiones de procedimientos por 359 millones de dólares.
Éstos desglosados en 661 solicitudes, de las cuales la Contraloría aprobó 647. El Gobierno pretende el próximo año introducir una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado que busca liberarlo prácticamente de cualquier control en los procesos adjudicatarios de proyectos.
LA DOLCE VITA DE ROBERTO RIVAS
El magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, no pasa año en el cual no cause controversia con sus actos deleznables. En el 2008 fue noticia cuando LA PRENSA descubrió que usaba un avión privado para viajar a Costa Rica y se convirtió en uno de los personajes más repudiados del país debido a su complicidad con el fraude electoral de noviembre de ese año.
En el 2009 se siguió conociendo detalles de la fastuosa vida del magistrado electoral. Un reportaje de la revista Magazine de LA PRENSA publicado en enero pasado destapó que el magistrado tiene una mansión de más de un millón de dólares en uno de los residenciales más exclusivos en San José, Costa Rica, en la que da rienda suelta a muchas de sus excentricidades. En esta misma investigación se menciona que Rivas Reyes aloja en su casa a dos de los hijos del presidente Daniel Ortega.
El funcionario público argumenta lo mismo de siempre: Que no tiene que rendirle cuentas a nadie de su vida privada. Siguió negando el acceso a su declaración de probidad aduciendo que esto pondría en riesgo su seguridad y la de su familia y el control político del pacto entre liberales y sandinistas en la Contraloría General de la República terminó poniéndole una losa a las solicitudes de los periodistas independientes.
En noviembre pasado el diario La Nación de Costa Rica amplió las investigaciones de LA PRENSA y reveló que además de alojar a los hijos del presidente Ortega cuando estos estudian en el país vecino, el magistrado presidente introduce libres de impuestos vehículos de lujo, poniéndolos a nombre de empleados de la Embajada de Nicaragua, la cual está bajo la tutela de su hermano Harold Rivas Reyes. Esto tiene al embajador nicaragüense bajo la mira del fisco costarricense e incluso existe la posibilidad de ser declarado non grato.
UNA CSJ EN FAMILIA
El 19 de febrero una investigación periodística de LA PRENSA destapó otras de las tristes realidades del máximo órgano del Poder Judicial, y es el hecho de que la Corte Suprema pareciera más bien una empresa familiar que el principal órgano de impartición de justicia del país.
La planilla del Poder Judicial está llena de hijos, familiares y amistades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los directores de oficinas. Al menos siete de los magistrados de la Corte admitieron a este Diario esta situación y brindaron explicaciones sui géneris de tanta violación a las leyes que deberían defender.
Los magistrados de la Suprema con su actitud de contratar a familiares dentro de la institución que presiden, violentaron el artículo ocho inciso C, de la Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, la cual prohíbe los nombramientos de personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las autoridades de las instituciones del Estado.
El “campeón” de esta práctica resultó ser el magistrado sandinista y presidente de la Sala Penal, Armengol Cuadra, quien tenía a tres hijos biológicos y dos políticos trabajando en el mismo cargo, en el Poder Judicial, mientras que el magistrado presidente Manuel Martínez tuvo a una hija y una hijastra también.
Las publicaciones también descubrieron la existencia de supuestos empleados fantasmas en la Suprema, tráfico de influencias y asignaciones monetarias a los sindicatos, principalmente a los de tendencia sandinista.
Sin embargo, pese a las evidencias publicadas y la molestia en la opinión pública, el magistrado presidente de la Suprema, Manuel Martínez, decidió poner fin a la polémica apelando a la misma arrogancia que tiene por el suelo la institucionalidad del país: “Nadie tiene que investigarnos, además que no hay nada que investigar, nadie tiene la facultad de investigarme a mí ni de destituirme ni cosa que se parezca. Busquen la ley donde esté el procedimiento para investigar a la Corte Suprema, no sé de dónde sacan eso, nunca ha habido un procedimiento. El Poder Judicial es autónomo, podemos inventar 100 planillas, tener 500 mil empleados, ésa es potestad del Poder Judicial”, afirmó el 24 de febrero de este año.
EL SÍMBOLO DE LA TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN
El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca) y su director, Steadman Fagoth, son el verdadero símbolo de la despreocupación del gobierno del presidente Daniel Ortega hacia el mal uso de los recursos del Estado por parte de sus funcionarios. Pese a las abundantes evidencias y los hallazgos de la Contraloría General de la República, el funcionario sigue campante en su cargo.
La podredumbre en Inpesca fue destapada por una investigación periodística de LA PRENSA que empezó a publicarse el 16 de febrero pasado y se ha mantenido por 10 meses.
Las irregularidades son numerosas y van desde el uso de Inpesca como “caja chica” de Fagoth para pagar sus pasajes y viáticos al Caribe del país, donde reside. Se conoce también de pagos adicionales de salarios a funcionarios de la entidad, las trancas que han puesto las autoridades de esta a la auditoría interna para que no escudriñara los estados financieros de la institución, y la “vocación caritativa” de la administración Fagoth, pues usa dinero del Estado para constantes donaciones y regalos para personas ajenas a Inpesca.
Las numerosas evidencias publicadas dieron pie a que la Contraloría resolviera auditar la institución por medio de una auditoría especial. El funcionario se defendió por medio de las televisoras oficialistas con argumentos pobres y amenazas tan enfermas como la vez que dijo que el próximo miskito que se muriera en Managua, en vez de pagar los gastos para trasladarlo al Caribe con dinero de Inpesca, lo iba a “tirar en los parqueos de LA PRENSA y la Contraloría”.
Las investigaciones periodísticas continuaron arrojando más evidencias de mal uso de los recursos de Inpesca. Otra publicación de este Diario reveló que la terminal pesquera Shin Komatsu, donada por el Gobierno de Japón en septiembre del 2007 a Nicaragua y la cual se estima en 12 millones de dólares, se encuentra sub utilizada por Inpesca.
Las anomalías denunciadas motivaron que Noruega y Japón advirtieran que podrían suspender su cooperación con Inpesca. En agosto pasado un informe preliminar de la Contraloría confirmó la “charanga” con el dinero de Inpesca.
Dado el camino que llevaba la auditoría, Fagoth intentó obstaculizarla mandando de vacaciones a los empleados claves en el proceso. Dado que la Contraloría impidió esta movida, en un último acto desesperado, Fagoth y otros funcionarios señalados han inventado pruebas y “justificaciones” del malgasto en la institución, como facturas de negocios que no existen.
PROYECTOS FANTASMAS DE LA ALCALDÍA DE MANAGUA
Dado el origen fraudulento de su gestión, no podía esperarse que el primer año en la comuna capitalina de Daysi Torres fuese exento de polémica. Sumados a los problemas intestinos políticos como el poder de facto que tiene el Secretario General de la comuna, Fidel Moreno y el “shock” causado por la muerte del alcalde y tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, está la poca transparencia en el uso de los recursos municipales por parte de sus autoridades.
Indagaciones de LA PRENSA y posteriores visitas de campo hechas por concejales opositores confirmaron que la comuna capitalina no hizo o concluyó varios proyectos de un paquete de 64 convocados de urgencia por la Alcaldía de Managua.
Reportes publicados por este Diario revelaron que a mediados de año se adjudicaron estos proyectos con trámite de urgencia, sin realizarse licitación alguna.
Éstos significaron 160 millones de córdobas de impuestos de los capitalinos y deberían haberse ejecutado entre marzo y mayo del año, antes de las lluvias. Sin embargo, a mediados de mayo sólo se habían ejecutado 30 millones del total adjudicado.
La Alcaldía argumentó que estos atrasos serían subsanados. Sin embargo, posteriores publicaciones de este Diario dieron cuenta de que algunos de los proyectos concluidos fueron hechos a “medio palo” o en realidad se trataban de obras que no eran de emergencia, y que más bien perseguían fines de clientelismo políticos.
La rendición de cuentas no ha sido uno de los fuertes de la comuna “presidida” por Torres. No se ha conocido informe oficial sobre la ejecución de los proyectos desde junio pasado. Ese mismo mes LA PRENSA revela que la Alcaldía de Managua adjudicó algunos de los proyectos a compañías del denominado club de empresarios sandinistas.
Esto pese a que siquiera estuviese como proveedores del Estado, como fue el caso de Construnicsa, cuyo principal accionista es Manuel Treminio, hermano del ex secretario del Concejo Municipal y miembro de la Juventud Sandinista, José Treminio.
Lo que sí ha mostrado la alcaldesa Torres es un “servilismo” absoluto hacia la pareja presidencial, al punto de disponer terrenos del Estado para favorecer sus negocios como fue el caso de la propiedad comunal que tranquilamente usurpan sin aprobación del Concejo Municipal la Radio Sandino y la Viva FM, lugar en donde también tiene sus oficinas de negocio el hijo mayor de la familia presidencial, Rafael Ortega Murillo. El terreno se encuentra contiguo a la Radio Sandino, la que está ubicada en las innmediaciones de la laguna Tiscapa.
