ENVIADA ESPECIAL / BILWI
[/doap_box][doap_box title=” Gobernador Reynaldo Francis: “En el Caribe tenemos una autonomía de papel”” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
El coordinador o gobernador regional es nombrado entre los 45 consejeros electos en cada región. Sin embargo, Francis, un miskito de 43 años de edad, lamenta que a esta fecha se vea al Gobierno Regional como “una institución más” adscrita al Gobierno Central, controlado desde la capital, Managua.
Francis reclama que el sistema autonómico debería permitir que ambas regiones nombren o al menos tengan una incidencia en los nombramientos de los delegados de las instituciones del Gobierno Central y no que los gobiernos regionales deban abrirse camino a través de otras posiciones nacionales.
Francis también considera que la autonomía tampoco será real mientras el funcionamiento de los Consejos y los Gobiernos de las regiones dependan de un presupuesto que se negocia y aprueba en Managua.
Además, el Gobernador critica que el presupuesto entregado siempre es la mitad de lo solicitado y, como ejemplo, cita la asignación de 80 millones de córdobas para este año, a pesar de que lo solicitado fue casi el doble, y la cantidad para una institución que se supone que debería administrar el Gobierno de una región que ocupa casi el treinta por ciento del país no es ni siquiera la mitad de lo asignado a otras instituciones nacionales como la Contraloría General de la República.
Probablemente Francis ignore o haya olvidado, en su entrevista con LA PRENSA, que los primeros Consejos Regionales juramentados en mayo de 1990 ni siquiera contaron con un presupuesto asignado ni contaban con una amplia Casa de Gobierno, como donde él despacha. Incluso, que los presupuestos asignados entre el 2000 y 2005 a ambos consejos regionales ni siquiera superaron el medio millón de córdobas.
Francis insiste en que la autonomía está estrechamente ligada a la milenaria lucha indígena de los costeños, pero también admite que quizá las autoridades regionales no están llenando las esperanzas o las demandas de la gente; y eso es lo que a su juicio tal vez explica el alto nivel de abstención en los comicios regionales.
Con las sextas elecciones regionales, a menos de tres meses, está por verse si la apatía seguirá reinando o si los candidatos lograrán atraer esa esperanza entre los costeños. La apuesta ya comenzó.
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A veintidós años de vida del sistema autonómico y ante las sextas elecciones regionales de la Costa Caribe, solamente uno de los tres partidos regionales que han competido en los comicios anteriores participará solo en algunas de las circunscripciones en las que se elegirá a los próximos Consejos Regionales que gobernarán por cuatro años.
Armando Rojas, un experto en el proceso autonómico que integró la primera comisión que consultó el borrador del Estatuto de Autonomía en las comunidades del Atlántico Norte durante la década bélica de los años ochenta, cree que la supremacía de los partidos nacionales sobre los movimientos políticos regionales obedece a las escasas posibilidades de participación que dejó la Ley Electoral vigente, aprobada en enero del 2002.
El sistema electoral establecido en esa ley, ampliamente criticada por terminar con la independencia del Poder Electoral y abrir el camino al bipartidismo, se ensayó precisamente en la Costa Caribe, con las quintas elecciones regionales. Para entonces fue también la última vez que el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc) —al que también pertenece Rojas— participó solo en unos comicios y obtuvo un consejero en el Norte.
Pero Debby Hodgson, coordinadora regional del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (Cedheca), considera que algunos líderes de los partidos regionales han fallado al ceder ante las cuotas de poder ofrecidas por los partidos regionales.
Nancy Elizabeth Henríquez, representante regional del partido indígena Yatama, niega que los líderes de esta agrupación —principalmente miskita— hayan cedido a intereses personales por su alianza parcial con el gobernante Frente Sandinista.
En cambio, la también ex alcaldesa de Bilwi explica esa alianza como una estrategia del partido regional para alcanzar las cuotas de poder que le permitan “trabajar con más influencia por los objetivos de la población costeña y el respeto a los derechos indígenas y autonómicos”.
AUTORIDADES REGIONALES NO ATIENDEN DEMANDAS
Sin embargo, los objetivos por los que Henríquez asegura que Yatama está luchando no son fáciles de alcanzar, mientras el líder de la disidencia de esa agrupación, Osorno Coleman, sostiene que la corrupción va copando también a ese histórico liderazgo regional.
Coleman, inscrito como candidato en la circunscripción de Río Coco Abajo bajo la bandera de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), insiste en que el Gobierno Regional actual —a cargo de Yatama— tampoco ha cumplido las expectativas de la comunidad costeña y cree que ésa es una de las razones por las que constantemente se “fabrican” protestas de sectores miskitos “manipulados”, para que Yatama no pierda el poder si la población les niega su voto.
Precisamente, la antropóloga y directora del Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía (IEPA), Sandra Davis, lamenta ese abandono, pero también culpa a las autoridades del Gobierno Central que, a su juicio, no han prestado el suficiente interés a la Costa Caribe y al desarrollo de la autonomía.
Davis recuerda que incluso los primeros Consejos Regionales ni siquiera contaban con instalaciones para sesionar, cuando fueron juramentados en mayo de 1990. Y a pesar de todo eso, la presencia de los partidos nacionales es más arrolladora en cada elección, dominando la vida política de la Costa Caribe.
El presidente del Consejo Electoral Regional (CER), Nery González, niega que la creciente presencia de los partidos políticos merme la lucha por los derechos autonómicos y estima que los consejeros electos desde esa bandera perfectamente pueden compartir el compromiso por el desarrollo autonómico.
Pero Davis no comparte ese criterio, pues para ella “está más que claro que un consejero electo bajo la casilla de un partido responderá a los intereses de ese partido”, y quizás eso refleje una de las posibles razones del creciente desencanto de los costeños ante las regionales.
Ahora, de las condiciones escasas con las que contaron los primeros Consejos Regionales queda poco.
Actualmente ambas regiones cuentan con las instalaciones para sus respectivos Consejos y Gobiernos regionales.
Además, el gobernador del Atlántico Norte, Reynaldo Francis, destaca que se ha logrado desarrollar un sistema regional de salud y educación, a pesar de la pobre asignación de recursos y de que el Gobierno Central continúa controlando el nombramiento de sus delegaciones y son éstas las que administran y ejecutan los proyectos, a veces con poca participación de las autoridades regionales.
Davis coincide en la importancia de esos avances y agrega la instalación de la educación superior en la Costa, con la diferencia de que para ella esos logros se deben más al trabajo persistente de la sociedad costeña que empuja a los gobiernos.
Para Davis, el reto de las próximas autoridades regionales está en seguir avanzando casi contra la corriente, “en volver la mirada a la Costa y no dejarse llevar por los intereses de los partidos nacionales”, los que a su juicio han tenido poco o ningún interés en comprender o trabajar por la autonomía.
Para que avance ese proceso autonómico hará falta que la población costeña recuerde e insista, a sus próximas autoridades, el compromiso y trabajo con temas tan delicados como la continuación de la demarcación de las tierras indígenas y el uso de los recursos naturales, como la pesca y avicultura, elemental para la economía caribeña.
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