Con frecuencia se dice que el régimen actual de Daniel Ortega se parece cada vez más a la dictadura somocista. No en todo, por supuesto, pero sí en algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, el orteguismo se parece bastante al somocismo en el aprovechamiento del poder político para amasar una gran fortuna de la familia gubernamental, en la formación de una nueva oligarquía más codiciosa y voraz que la anterior, en el nepotismo, en el menosprecio y atropello a la legalidad, en la manipulación de las elecciones, en las violaciones a los derechos humanos, etc.
En realidad, más allá de las diferencias del somocismo en relación con el orteguismo —que sin duda las hay—, lo cierto es que sus procedimientos para el enriquecimiento familiar de los gobernantes son iguales, o se parecen mucho, a los que describió el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en su obra Estirpe Sangrienta: Los Somoza , sobre la acumulación de riqueza del somocismo al amparo del poder.
El orteguismo se parece al somocismo hasta en su expansión hacia países vecinos. En un editorial que escribió bajo el título: “¿Qué significa esa expansión?”, publicado en LA PRENSA del jueves 14 de abril de 1966, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal expresó que: “La derivación del poder económico de la familia ‘reinante’ en Nicaragua, hacia Costa Rica, no tiene implicaciones políticas directas, pero sí mediatas. Es un fenómeno expansionista que tiende a salirse de las fronteras nacionales, porque éstas ya le quedan estrechas”. Y agregó: “Eso ya lo están sabiendo nuestros vecinos cuyos diarios, desde el más moderado hasta el más ardiente, han registrado la molesta herida que allá es incipiente y nueva, como es aquí crónica y profunda”.
Aquella observación del doctor Chamorro, hecha hace más de 43 años y medio, es aplicable a lo que está ocurriendo ahora, alrededor de la denuncia del diario La Nación de Costa Rica, de abusos cometidos por la representación diplomática del gobierno de Daniel Ortega en San José. Nos referimos específicamente al caso de los tres lujosos y costosos automóviles que fueron introducidos a Costa Rica sin pagar impuestos, por el señor Harold Rivas Reyes, embajador de Daniel Ortega en ese país, y supuestamente por un funcionario menor de la delegación diplomática nicaragüense. Esos carros, según lo comprobó y denunció el diario La Nación, son usados por los familiares del hermano del embajador de Ortega en Costa Rica, Roberto Rivas Reyes (presidente del fraudulento Consejo Supremo Electoral de Nicaragua), quienes al parecer residen en el país vecino.
Es evidente que el embajador de Daniel Ortega en Costa Rica cree que allí se puede hacer lo mismo que en Nicaragua, y hasta quiso justificarse con el descarado alegato de que los lujosos carros son de su propiedad y por lo tanto él puede hacer con ellos “lo que le ronque”. Después aseguró que los vehículos sirven para uso de funcionarios nicaragüenses que llegan temporalmente a Costa Rica, y reclamó su derecho de introducirlos libres de impuestos, amparándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y además, el desubicado embajador de Ortega exigió insólitamente al Gobierno de Costa Rica, que censurara al diario La Nación. Sin embargo la investigación del prestigioso diario costarricense reveló que no son funcionarios gubernamentales de Nicaragua que visitan eventualmente Costa Rica, quienes usan esos lujosos vehículos, sino los familiares de Roberto Rivas, quien no tiene ninguna condición diplomática. Además, la Convención de Viena es muy clara en su artículo 36, parágrafo 1, inciso a), al establecer que los objetos introducidos libres de impuestos por las embajadas, deben estar “destinados al uso personal del agente diplomático o de los miembros de su familia que formen parte de su casa ”. Y es obvio que Roberto Rivas, su esposa e hijos, y los hijos de Daniel Ortega, que son sus huéspedes permanentes, no forman parte de “la casa” del embajador de Ortega en Costa Rica.
Según las informaciones el Gobierno de Costa Rica está tomando medidas legales para frenar al abuso del embajador orteguista y ponerlo en su lugar. Está muy bien que lo haga. Pero, ¿y en Nicaragua? Como escribiera el doctor Chamorro Cardenal en el editorial arriba citado: “¿Vamos a asistir imperturbables a la instalación de una nueva generación familiar, asentada como cáncer crónico en nuestra economía, y desorganizando cada vez más nuestras débiles instituciones republicanas ? Dura e inquietante, pero real, es esta pregunta”.
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