A simple vista se puede observar cómo el presidente Daniel Ortega aprovecha las debilidades de la oposición de este país para fraguar varios frentes de crisis a la vez, y, al final de todo, salirse con las suyas, obligando a las fuerzas políticas a que le concedan su capricho principal, a cambio de la tranquilidad de la mayoría de los nicaragüenses que quieren el desarrollo de la nación.
Recordemos que el año pasado fue igual. Abrió varios frentes para entretener a las fuerzas políticas opositoras, a los organismos de la sociedad civil y a la misma comunidad internacional, cuestionando sus acciones típicas de un tirano. El anzuelo lo mordió todo mundo, porque al final se hablaba de diálogo para detener la violencia que desde su cómoda silla presidencial ordenaba el tirano.
Este año está comenzando con las mismas formas de actuar, pero con distintos matices. El año pasado se manejó entre el doble discurso ante la comunidad internacional, la represión interna contra los nicaragüenses, el manoseo a la institucionalidad y la protección de sus secuaces que incurrieron en actos delincuenciales contra gente indefensa.
Ahora comienza el año con el decreto inconstitucional de nombrar de facto a sus fichas políticas en el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Contraloría General de la República (CGR).
El otro golpe que asesta a los nicaragüenses es elevar en un uno por ciento el aporte que las empresas hacen al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo cual implicaría para este año 340 millones de córdobas. El nuevo decreto presidencial rompe con la Constitución Política que no otorga atribuciones al mandatario en este sentido. “El artículo 114 dice que todo tributo es facultad privativa, exclusiva e indelegable de la Asamblea. Según el artículo uno y nueve del Código Tributario, la contribución al Seguro Social es un impuesto”, dijo a LA PRENSA el especialista Julio Francisco Báez, pero Ortega, como todo dictador, quiere que el pueblo obedezca sus arbitrariedades y pasa por encima de la ley.
No hay que perder de vista las pretensiones de Ortega de enriquecimiento y perpetuación en el poder, ya sea como Presidente de la República, como Primer Ministro o con el control de sus militantes y ex militares al frente de las distintas instituciones del Estado.
De momento, una buena señal es lo que hizo ayer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al aprobar una resolución desconociendo y declarando inconstitucional el decreto presidencial 03-2010, con el cual Ortega prorrogó en sus cargos a magistrados y contralores. Ojalá éste sea el punto de partida de algo mejor para la democracia de este país. Lo lógico hubiese sido que los contralores antes de entregar sus cargos dejaran resoluciones castigando la corrupción del gobierno de Ortega desde el Ejecutivo, pasando por todos los Poderes del Estado, hasta las alcaldías que el orteguismo administra bajo el manto del fraude electoral del 2008. La corrupción en algunas alcaldías del FSLN, la confesó públicamente en León —el fin de semana pasado— el ex jefe de la extinta Seguridad del Estado sandinista, Lenín Cerna Juárez. Sin embargo, los contralores son unos peleles de Ortega.
Lo bueno de todas las perversidades de Ortega es que esto cada día abona en su contra para que los nicaragüenses tomemos acciones cívicas que lo castiguen, mientras él sigue embriagado con el poder.
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