La ex Notario Uno del Estado, Morena Avilés Serrano, nuevamente fue enviada a juicio oral y público por presuntos delitos de tráfico de propiedad y fraude, esta vez por haber vendido a privados una finca en Bluefields, RAAS, que le pertenece al Estado, según las acusaciones.
Avilés Serrano está condenada a seis años de prisión por haber vendido otras dos propiedades del Estado cuando fungía como Notario Uno, pero se encuentra libre por razones de salud.
En una audiencia celebrada ayer, el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Abelardo Alvir Ramos, admitió una nueva acusación contra Avilés Serrano y remitió la causa a juicio oral y público junto a Franklin Argüello, por ser presuntos autores de los delitos de fraude, estelionato, estafa y falsificación de documentos públicos y auténticos.
Las víctimas en este caso, según la acusación, son, además del Estado de Nicaragua, Freddy Manuel Pérez Centeno, Julio César Pérez Urbina, Feliciano Pérez Centeno y Byron Elías Rocha Calderón, quienes compraron a Avilés Serrano y Argüello la finca San Martín en 150 mil córdobas.
En la audiencia la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la prisión preventiva para los acusados, al igual que el fiscal Ernesto Ermidas, pero el judicial resolvió decretar el arresto domiciliar y la presentación periódica en los Juzgados.
De acuerdo con la acusación, la acusada Morena Avilés Serrano, al haberse desempeñado como Notario Uno del Estado de Nicaragua, aprovechándose de su cargo y coludida con el acusado Franklin Argüello —quien se hacía pasar como falso funcionario del Banco Central de Nicaragua (BCN)—, con el fin de obtener lucro económico vendieron ilegalmente una propiedad perteneciente al Estado de Nicaragua, la que está bajo la administración del Banco Central de Nicaragua.
“Ocasionando con dicha acción un perjuicio económico irreparable al Estado de Nicaragua, así como a las víctimas, en calidad de compradores de dicha finca”, afirmó la procuradora Aurora Vanegas .
“Los acusados procedieron a vender de forma deliberada, amañada, fraudulenta, premeditada y mal intencionada la propiedad conocida como finca San Martín, en Caño de García, municipio de Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma del Atlántico Sur e inscrita en el Registro Público de Bluefields a nombre del BCN”, señaló en el escrito Vanegas.
Los acusados supuestamente falsificaron diferentes documentos del Estado para poder vender la propiedad ubicada en Bluefields.
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