BOGOTÁ-EFE
La Organización No Gubernamental Human Rights Watch (HRW) subrayó hoy que los paramilitares que surgieron tras la desmovilización de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2006, siguen cometiendo graves atrocidades contra los civiles en este país.
Durante la presentación en Bogotá del informe “Herederos de los Paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”, el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que esos abusos son “generalizados”.
“Los grupos sucesores (de las AUC) comenten habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia”, asegura el documento de 126 páginas, que fue elaborado tras dos años de investigaciones sobre el terreno.
Vivanco dijo que “independientemente de cómo se llamen a estos grupos -paramilitares, bandas criminales u otra denominación- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia”.
“Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores comenten gravísimas atrocidades y deben ser detenidos”, afirmó el director de esta ONG con sede en Washington.
HRW determina que los nuevos grupos criminales actúan en 24 de los 32 departamentos del país, con especial énfasis en la ciudad de Medellín (noroeste), la región del Urabá, en el norteño departamento del Chocó, y en los departamentos del Meta (centro) y Nariño (suroeste).
“Las cifras más conservadoras, usadas por la Policía Nacional de Colombia, indican que los grupos cuentan con más de 4.000 miembros”, según el informe.
Asimismo asegura que “reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación”.
Human Rights Watch recuerda que “el Gobierno tiene obligaciones jurídicas de proteger a los civiles frente a las agresiones, prevenir abusos y garantizar justicia”.
Pero advierte de que “el Gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados”.
“El Gobierno de (lvaro) Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema”, manifestó Vivanco.