Se cayó el juicio que la Fiscalía impulsó en contra de la venezolana Karen Vanegas y la nicaragüense Irene Muñoz Peralta, a quienes había acusado como encubridoras de la gran estafa conocida como el caso Marca Móvil.
Debido a que Vanegas y Muñoz no eran señaladas por ninguno de los testigos que declararon en la primera parte del juicio, la mayoría víctimas en el caso, los abogados defensores pidieron la clausura anticipada del proceso, y aunque el juez Octavio Rothschuh no quería dar lugar a dicha petición, al final accedió porque el fiscal Alejandro López se allanó a la solicitud de las defensas.
El fiscal López explicó que los testigos que estaban declarando señalaban a otras personas como responsables de la estafa, y no a Vanegas, ni a Muñoz.
López agregó que el Ministerio Público debe cumplir con los principios de objetividad y legalidad, y por lo tanto no había por qué seguir evacuando pruebas “que nos iban a seguir remitiendo a otras personas que todavía no están siendo acusadas”, dijo.
JUEZ DICE QUE NO QUERÍA CLAUSURAR JUICIO
El juez Rothschuh no quería ordenar la clausura anticipada del juicio, porque dijo considerar que faltaban más de 60 testigos y todavía no habían declarado los oficiales de Policía, quienes fueron los que incautaron la documentación que prueba la estafa en poder de una familiar de Muñoz y en el salón de belleza propiedad de la venezolana.
- La venezolana Karen Vanegas y la nicaragüense Irene Peralta Muñoz saltaban de alegría, luego de escuchar que el Juez Séptimo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Octavio Rothschuh, dictó la clausura anticipada del juicio.
Peralta Muñoz dijo que regresaría ayer a su natal San Rafael del Sur, donde tiene a sus tres hijos, que perdieron los primeros días de clase por la situación que ella estaba enfrentando.
La nicaragüense agregó que para ella fue una pesadilla, porque asegura que la persona que ella conoce como el mexicano Jorge Tirado Chávez sólo era un cliente del salón de belleza donde ella trabajaba, y nunca supo que estaba cometiendo una estafa.
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El judicial explicó que el representante del Ministerio Público le dijo, antes de finalizar el juicio, que los abogados defensores tenían razón, de que ninguno de los testigos señalaba a las procesadas, y que además ya no tenía más pruebas que evacuar. “Quien libera a las acusadas es el fiscal, porque dice que no tiene pruebas”, expresó el juez Rothschuh.
FISCAL PARECÍA DEFENSOR
El judicial añadió que él se negó a clausurar el juicio, y que no le quería dar intervención al fiscal, pero éste pidió la palabra para secundar la petición de que se dictara la clausura anticipada del proceso.
El fiscal López afirmó que el caso no está cerrado, porque aún falta que se capture al extranjero Jorge Tirado Chávez, nombre falso con el que se identificó en Nicaragua, y que según investigaciones policiales en realidad se llama Eduardo Max Cortina Pineda.
La mayoría de las víctimas que declararon en el juicio señalaron a Aura Montalván, supuesta financiera de Marca Móvil, como la persona a quien le entregaron el dinero, a veces dos mil dólares por un carro, otras 400 dólares por una moto, vehículos que eran ofrecidos en ganga por la empresa Marca Móvil.
OTRO CUENTO DEL FISCAL
El fiscal López manifestó que todavía puede haber más personas acusadas en este caso, porque el objetivo de la Fiscalía es llegar a la verdad, y castigar a los responsables de la gran estafa que sufrieron más de 1,800 nicaragüenses, y quienes fueron afectados por un monto económico superior a los 28 millones de córdobas.
El mexicano Tirado Chávez o Cortina Pineda está acusado como autor de estafa agravada, y es buscado mediante orden judicial por la Interpol. La venezolana Vanegas y la nicaragüense Peralta eran acusadas como sus encubridoras, porque según la Policía se les encontró oculta documentación que probaban la estafa cometida.
Desde el miércoles pasado se veía que el juicio por la estafa de Marca Móvil estaba “flojo”.
Sólo siete de los casi 1,800 estafados por la empresa Marca Móvil declararon en el inicio del juicio, y todos coincidieron en que ninguna de las personas a quienes ellos les entregaron su dinero estaban sentadas en el “banquillo de los acusados”.
El desfile de los testigos fue rápido, y todos mencionaban que habían dado dinero a Aura Montalván, financiera de Marca Móvil, quien no está acusada.
Otros dijeron que entregaron dinero a una mujer de nombre Steffany.
Entre los afectados que declararon están Germán Estrada, Juan José Obregón, Rigoberto Rojas, Alfonso Munguía, Mariana Tenorio, Verónica Bustamante y Lenín Miranda.
La acusada Irene Peralta Muñoz había sido dejada en prisión preventiva por el juez Octavio Rothschuh, porque no había pagado la fianza de 15 mil córdobas para salir en libertad. Pero Peralta consiguió el dinero y luego obtuvo su libertad.
LA GRAN ESTAFA
La acusación contra el mexicano Jorge Tirado Chávez, la venezolana Karen Vanegas y la nicaragüense Irene Peralta se originó luego que el Ministerio Público investigó una gran estafa cometida por Marca Móvil, que prometió a sus clientes motos y carros a cambio de 500 y 2,000 dólares, respectivamente. Los vehículos no fueron entregados y la empresa “alzó vuelo”.
El negocio de Marca Móvil consistía en entregar a las personas un vehículo por un valor de 2,000 dólares. Este automóvil actualmente está valorado en el país en 9,300 dólares, según fuentes del sector automotriz.
La compañía, cuya casa matriz supuestamente está en Canadá, entregaría el vehículo a cambio de que el cliente portara por dos años la publicidad de una marca determinada.
El carro o motocicleta eran entregados al cliente en un plazo de 180 días, es decir seis meses después de firmado el contrato.
En seis meses de haber iniciado operaciones, esta empresa ya tenía otras tres sucursales en León, Chinandega y Estelí, donde hay más afectados.
La compañía estaba legalmente constituida, es decir que contaba con el aval de las entidades estatales, entre ellas la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Alcaldía de Managua, entre otras.
Los documentos de su constitución legal fueron ocupados por la Fiscalía, cuyas autoridades señalaron que no encontraron el CPU de la computadora que contiene la información de los clientes.
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