CARACAS/AFP
España y Venezuela reafirmaron el sábado su deseo de profundizar su “relación fructífera” en todos los ámbitos, incluida “la lucha antiterrorista”, después de días de tensión debido a un auto judicial que señaló supuestas relaciones del país sudamericano con ETA.
“España y Venezuela declaran su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista”, afirma un comunicado conjunto recibido por la AFP en Caracas y Madrid.
Con este comunicado, se muestra el deseo de ambos gobiernos de dejar atrás la tensión de los últimos días, según fuentes diplomáticas.
El lunes, un juez español denunció que la presunta colaboración de la banda armada vasca ETA con las FARC de Colombia para formar a sus guerrilleros que querían atentar en España contra personalidades colombianas, habría contado con una “cooperación gubernamental” venezolana.
“El gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos”, agrega el texto.
El comunicado subraya además que los dos gobiernos “ratifican su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas” y “reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial, implementando efectivamente los instrumentos de cooperación existentes”.
“El texto conjunto subraya que son dos gobiernos amigos que cooperan y que al mismo tiempo comparten valores. No es que seamos amigos por interés y Venezuela sea negligente a la hora de respetar algunos de estos valores”, declararon fuentes diplomáticas venezolanas a la AFP.
“Este es un mensaje a la opinión pública y también a la derecha, sobre la importancia estratégica que se da a la relación bilateral”, agregaron estas fuentes.
En 1989, once etarras llegaron a Venezuela gracias a un acuerdo entre los dos presidentes de la época, el socialista español Felipe González y el socialdemócrata venezolano Carlos Andrés Pérez, y recibieron el estatuto de refugiados políticos.
En su auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, se refiere a uno de estos militantes, Arturo Cubillas, quien sería un eslabón dentro de la presunta “cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA”.
Tras hacerse público este documento judicial, el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió “explicaciones” al respecto al presidente venezolano, Hugo Chávez.
El mandatario respondió, dos días después, que él no tenía “nada que explicar ni a Zapatero ni a nadie” y exigió “respeto a la soberanía” de su país.
Ante la subida de tono, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos afirmó que el gobierno español no pidió a Chávez “explicaciones” sino solamente una “información” sobre estas presuntas relaciones.
Finalmente, el viernes, el mandatario venezolano aseguró que tras recibir algunas aclaraciones de parte de España, “las cosas estaban volviendo a su cauce”.
Venezuela y España tienen importantes relaciones bilaterales y grandes empresas españolas como Telefónica, Repsol o BBVA están instaladas en el país sudamericano.
ETA, considerada organización terrorista por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, es responsable de 828 muertos desde su creación, hace 40 años, con el fin de lograr la independencia del País Vasco.
