La posible disolución del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), mediante una resolución judicial que podría ser emitida hoy, ha dejado en evidencia la división y polarización del gremio periodístico.
- En la Sesión Especial que la Asamblea Nacional celebró ayer por el Día Nacional del Periodista, los comunicadores acusaron al Gobierno y a los dueños de medios por los problemas que sufre el gremio.
“Los dueños de los grandes medios de comunicación de la oligarquía se oponen a que los y las periodistas defiendan sus derechos”, opinó por su parte la diputada sandinista y periodista Martha Marina González.
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Para las organizaciones y periodistas de tendencia sandinista, sería una “barbaridad jurídica” la resolución que podría emitir la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside el magistrado sandinista Francisco Rosales, declarando inconstitucional e inaplicable la ley 372, Ley Creadora del CPN.
Pero los periodistas de tendencia liberal y los independientes aseguraron que el CPN nunca cumplió su cometido, por lo tanto no “le hará falta a nadie”.
En lo único que sí hubo consenso fue en que la resolución —cuyo borrador fue filtrado a los directivos del CPN— es la evidencia de un “arreglo” que podría estar preparando el terreno para futuras sorpresas.
El presidente del CPN, Leonel Laguna, aprovechó la Sesión Especial celebrada ayer en la Asamblea Nacional en ocasión del Día Nacional del Periodista, para culpar a los “dueños de los medios de la Carretera Norte” de estar detrás de la sentencia. Y reiteró que los 803 miembros del CPN darán la batalla para evitar que la CSJ los “borre de un plumazo”.
Roberto Larios, presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), también acusó a los dueños de medios de estar detrás de la resolución que calificó como una “barbaridad jurídica”.
“No me cabe la menor duda que esto obedece a las presiones de los dueños de los medios”, afirmó Larios, mientras invitaba a sus colegas a “protestar y reclamar”, y a los magistrados a reflexionar.
Larios argumentó que por falta de experiencia los “periodistas jóvenes” no se sienten afectados por la decisión de declarar inaplicable al CPN.
Sin embargo Emilio Núñez, con casi treinta años de experiencia laboral, aseguró que el CPN se formó con la intención de fortalecer al gremio, para que siguiera ejerciendo la “labor fiscalizadora de los gobiernos”.
Pero Núñez agregó que luego el CPN se ubicó en una “posición para acosar, doblegar y someter ante presiones políticas”, por lo que dejó de tener sentido.
Róger Suárez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), coincidió con Núñez en que la eliminación del CPN no “causará ningún terremoto”, ya que en este momento el problema más grave que el gremio enfrenta es la cruzada del Gobierno contra el periodismo independiente.
Por su parte, Carlos Salgado señaló que lo que ocurre no es más que la consecuencia de “la división, polarización y politización” de un gremio que ha deslegitimado la institucionalidad del CPN.
Salgado se unió a los señalamientos que otros periodistas efectuaron en contra de los magistrados de la CSJ, por no tomar en cuenta al gremio antes de emitir la sentencia.
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