Los periodistas oficialistas u orteguistas nos acusan de que por culpa nuestra, en la Corte Suprema de Justicia está circulando un proyecto de sentencia para disolver el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Esa acusación es un solemne disparate, sin duda, pero es que en su enfermiza obsesión contra quienes defendemos la libertad de prensa y no nos sometemos al poder autoritario, los periodistas oficialistas a menudo nos hacen imputaciones falsas y calumniosas, y hasta nos adjudican potestades que no tenemos, como esa de hacer que los magistrados de Justicia preparen una sentencia de inconstitucionalidad contra la ley del Colegio de Periodistas y que estén dispuestos a dictarla.
Por supuesto que es mentira lo que dicen los oficialistas, acerca de que quienes presentamos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua, queremos su disolución. A nosotros no nos importa que exista ese Colegio ni nos interesa que desaparezca. Los que luchamos por la libertad y estamos dispuestos a dar por ella hasta la vida, como la dio nuestro Director Mártir, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, no podemos estar contra el derecho de quienes quieran pertenecer a la organización que mejor les parezca y convenga. Nosotros respetamos el derecho de pertenecer al Colegio de Periodistas de todos los que quieran ser sus miembros y disfrutar los grandes beneficios que se derivan de las recaudaciones de la Lotería Nacional, que el Estado entrega a sus directivos. Pero igualmente sostenemos el criterio de que ningún periodista que no quiera pertenecer al Colegio, ni disfrutar los beneficios que se derivan del subsidio estatal, debe ser obligado a afiliarse a dicha organización ni a depender de su autorización para poder ejercer el derecho de información por medio de la práctica profesional del periodismo
Lo que nosotros rechazamos categóricamente, por abusivo e inconstitucional, es que la afiliación al Colegio de Periodistas sea obligatoria, directa o indirectamente. Y no aceptamos que para ejercer el periodismo se requiera la autorización o credencial de dicho Colegio de Periodistas, según lo establecieron en el artículo 6 de su Ley Creadora. Contra ese requisito arbitrario fue que recurrimos por inconstitucionalidad de la ley, haciendo uso del derecho que nos confieren la Constitución Política y la Ley de Amparo de Nicaragua, así como las declaraciones internacionales de derechos humanos.
Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso los orteguistas, saben muy bien que es inconstitucional obligar directamente a los periodistas a afiliarse en el Colegio, o en forma indirecta mediante el requisito de que se requiere una credencial de dicha organización gremial para poder ejercer el derecho de información a través del periodismo. El artículo 66 de la Constitución dice inequívocamente que: “Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro medio de su elección”. La Constitución dice que todas las personas, no sólo los periodistas titulados o autorizados por el Colegio, pueden “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.
Además, esa norma establecida en el artículo 66 de la Constitución es prácticamente la misma que está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho jurisprudencia, al sentenciar, que tanto la colegiación obligatoria de los periodistas como la exigencia de que para ejercer el periodismo se requiera de una autorización del Estado, de un colegio o de quien sea, viola el derecho humano fundamental y universal a la información.
De manera que no es la disolución del Colegio de Periodistas lo que tiene que sentenciar la Corte Suprema de Justicia. En realidad, si los magistrados quieren cumplir su deber de hacer respetar la Constitución de Nicaragua y las normas universales de derechos humanos, y acatar la jurisprudencia internacional al respecto, a lo que están obligados por ley, derecho y justicia es a anular por inconstitucionales aquellos artículos de la Ley Creadora del Colegio de Periodistas, que violan la Constitución y las declaraciones de derechos humanos.
Y en cuanto a los periodistas que quieran seguir siendo miembros del Colegio y disfrutando los pingües beneficios que se derivan de los fondos de la Lotería Nacional, ése es su derecho y tal es su libertad.
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