PHOENIX/ AFP/ AP
- Un grupo de senadores demócratas se disponía ayer a presentar públicamente sus propias propuestas de reforma migratoria integral para Estados Unidos, retando a los republicanos a que se unan al debate.
La iniciativa demócrata tiene como objetivo plantear el tema de forma abierta, luego de que un senador republicano abandonara los preparativos.
La polémica en torno a la reforma migratoria integral creció inopinadamente cuando la gobernadora de Arizona firmó una ley que declara un delito estatal la inmigración ilegal y exige a la Policía que pida la documentación a los sospechosos de no tener los papeles en regla.
AFP
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Tres grupos defensores de los derechos civiles en Estados Unidos anunciaron ayer que presentarán una demanda contra la ley migratoria que criminaliza a los indocumentados promulgada la semana pasada por la gobernadora de Arizona, estado fronterizo con México.
“La comunidad de Arizona puede estar segura de que se presentará un recurso de impugnación vigoroso y sofisticado, antes de la aplicación de (la ley) SB 1070, para tratar de evitar que esta ley inconstitucional y discriminatoria entre en vigor”, dijo Thomas A. Sáenz, presidente del Fondo Educacional y Defensa Legal Mexicano-Americano (MALDEF).
El anuncio de este desafío legal coincidió con la publicación de un sondeo de opinión pública de la firma Angus Reid, que reveló que 76% de los adultos estadounidenses apoyan que se convierta en un delito el transportar a un ciudadano indocumentado, y por abrumadora mayoría respaldan regulaciones similares a la promulgada en Arizona (sur del país).
La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el Centro Nacional Legal de Inmigración (NILC) y el MALDEF ofrecieron una conferencia de prensa en Phoenix para prometer que desafiarán ante una corte federal la ley de Arizona, pero sin detallar la estrategia.
SIGUE OLA DE PROTESTAS
Una portavoz de ACLU dijo que aún están desarrollando los pasos legales para evitar la puesta en vigencia de esta ley, promulgada el viernes pasado por la gobernadora republicana Jan Brewer, que permite el arresto de personas que no presenten documentos de residencia, castigar a quienes contraten jornaleros en la calles y también a aquellas personas que transporten indocumentados.
La ley desató una ola de indignación entre la comunidad latina en Estados Unidos, la primera minoría en el país con 44 millones de habitantes, así como en México, Guatemala, El Salvador y Honduras, de donde proviene la mayoría de los ciudadanos sin papeles para trabajar en la construcción y el servicio.
Además, legisladores estadounidenses hicieron llamados para realizar un boicot económico contra todos los negocios que provienen o se ejecutan en Arizona.
Mientras tanto, fuentes oficiales informaron que agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson arrestaron a un grupo de 105 inmigrantes indocumentados en las montañas Baboquivari, en la frontera de Arizona y México.
Las detenciones se realizaron el miércoles después de que agentes asignados a la estación de Casa Grande y que operaban un sistema de vigilancia de cámaras móviles detectaran la presencia de indocumentados.
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