NACIONES UNIDAS/ EFE
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró ayer al fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall’Anese Ruiz, como nuevo responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que combate la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales.
El jurista costarricense, reconocido por su lucha contra el narcotráfico, sustituirá en el cargo al magistrado español Carlos Castresana, quien dimitió el pasado 7 de junio por discrepancias con la actuación del Estado guatemalteco.
Dall’Anese Ruiz ocupa el cargo de fiscal general en su país desde 2003 y ha sido “un firme oponente del narcotráfico y el crimen organizado, y ha llevado a cabo grandes investigaciones contra la corrupción”, destacó el portavoz de la ONU, Farhan Haq, en una conferencia de prensa.
Asimismo, señaló que el secretario general quiere aprovechar este anuncio para reiterar su “aprecio al excelente trabajo del señor Castresana al frente de la Comisión durante sus dos primeros años y medio de su mandato”. “Los logros de la CICIG durante este período han merecido el elogio de las autoridades guatemaltecas, la sociedad civil y la comunidad internacional”, resaltó el portavoz.
Castresana presentó inesperadamente su dimisión a principios de mes por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco de su compromiso de combatir la impunidad.
Entre otras cosas, criticó el nombramiento del nuevo fiscal general del país, Conrado Reyes, por considerar que tiene vínculos con el crimen organizado, así como la falta de “voluntad política” del Parlamento guatemalteco para aprobar reformas del Poder Judicial impulsadas por la CICIG.
Dall’Anese Ruiz, quien aún no ha aceptado el cargo, se destaca por su rol en la tramitación de la actual legislación costarricense contra el crimen organizado y los reconocimientos por su labor en este terreno. Dall’Anese Ruiz también ejerció de magistrado alterno en el Tribunal Supremo de su país, enseñó derecho penal en la Universidad de Costa Rica y es autor de cinco libros especializados en derecho.
La CICIG es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento de ese país pese a la oposición de algunos grupos políticos que la consideran una intromisión en la soberanía nacional.
Su misión es determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en su desarticulación y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
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