La Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, justificó ayer que el llamado caso de la Navidad Roja fue desestimado porque los testigos nunca escucharon que los 20 funcionarios del primer gobierno sandinista denunciados hayan dado la orden de cometer “genocidio” en comunidades miskitas del Caribe nicaragüense.
“Cuando se les preguntó a los testigos ¿ustedes escucharon de que tal persona dio la orden de que aquí se cometiera genocidio, de que aquí se trasladaran a todos estos, digamos de las etnias de los miskitos?, nadie dijo que había escuchado”, dijo Guido, en declaraciones transmitidas por el Canal 12 de televisión.
Osorno Colleman, uno de los denunciantes en el caso, aseguró que era de esperarse la resolución de la Fiscalía, pues éstos no van a procesar a su jefe, el presidente Daniel Ortega, quien encabeza la lista de denunciados.
Para Colleman, se trata de argumentos “flojos” esgrimidos por la fiscal Guido, “para esquivar el bulto, pero el fondo del asunto es que ellos no quieren hacer ningún proceso contra el Frente Sandinista”. Según Colleman, “la Fiscalía está nutrida de sandinistas, y si va a los juzgados, todos los jueces son sandinistas; entonces ellos ¿cómo van a procesar a sus jefes? Eso es difícil”.
Guido insistió en defender la resolución emitida hace más de un mes. “Nosotros, si no escuchó nadie, si ellos no dieron la orden, si ellos no participaron de manera directa, es decir, de ninguna manera nosotros podemos atribuirle en este caso ninguna responsabilidad”, afirmó Guido.
Tras señalar: “Sencillamente no existe esa responsabilidad, entre el hecho que se dio y entre el resultado muerte de algunas personas o el resultado tortura, como se habla en algunos de los casos”.
- Para Osorno Colleman, uno de los denunciantes miskitos por el caso de la llamada Navidad Roja, con la resolución de la Fiscalía se demuestra que “la justicia no anda aquí”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, recordó, por su parte, que hace un año dirigieron a la CIDH una declaración jurada del coronel retirado Víctor Boitano, con su testimonio de lo ocurrido con las comunidades miskitas.
“La orden era poner el orden en esas comunidades a fuego y sangre, utilizando cualquier tipo de medios, incluyendo ataque aéreo u otras armas pesadas”, dice el testimonio de Boitano que fue anexado a la denuncia ante la CIDH.
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Sin embargo, Colleman señala que “las pruebas están en los ojos, ellos quieren tapar el sol con un dedo, allí están los sobrevivientes”. Y menciona al sobreviviente Vidal Poveda, quien le ofreció a la Fiscalía mostrarle el lugar donde están las fosas, al menos en la que él vio sepultar 37 cuerpos, y nunca fueron.
“Aquí no se configura el tipo penal precisamente porque faltan elementos, no están completos, no podemos determinar la persona y las personas y no podemos determinar la culpabilidad, por lo tanto, de ninguno de ellos”, reiteró la Fiscal Adjunta.
Colleman sostuvo que la Fiscalía realizó la investigación sin ir a las comunidades, y únicamente llamó a los testigos a través de las radioemisoras locales, con lo cual acudieron unos tres testigos, cuando en su denuncia ellos ofrecieron entre 60 y 80, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) hasta les ofreció apoyo en el transporte.
DELITOS DENUNCIADOS
La operación fue realizada por el Ejército Popular Sandinista entre diciembre de 1981 y enero de 1982, para desalojar a unas 20 comunidades miskitas del Atlántico Norte.
A estos crímenes sangrientos se les llamó Navidad Roja y se conoce que inicialmente dejó 64 civiles asesinados, otros 13 torturados y 15 desaparecidos, según los denunciantes. En 2006 la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en representación de un grupo de miskitos, denunció el caso por los delitos de “genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Además del presidente Daniel Ortega y su hermano Humberto, también fueron acusados el ex ministro del Interior, Tomás Borge; el ex jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna; el ahora Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas; Lumberto Campbell, ex viceministro de la Costa Atlántica; el ahora presidente del Banco Central, Antenor Rosales.
También a otros ex miembros del Ejército Popular Sandinista.
FUE EN REPRESALIA
Colleman recordó que en esos momentos los jóvenes de comunidades como Raití, Andrés Tara y San Carlos habían ejecutado las primeras acciones militares, y en represalia el entonces Ejército Popular Sandinista (EPS) ejecutó la masacre de Leymus.
Una de las fosas comunes está en Leymus, Río Coco, otra está en Warbantara, cerca de la comunidad de Yulu, y la masacre de Clinna Landi. “Esas son evidencias, están los lugares, pero ningún fiscal se ha atrevido a ir a ver esos lugares ni entrevistarse en las comunidades”, apuntó Colleman.
No obstante, la Fiscal Adjunta considera que “son hechos que sucedieron hace más de 20 años, una denuncia que se interpuso en el 2006 y aquí nosotros no encontramos ningún vínculo entre las personas mencionadas y los hechos que se relacionan”.
“Aquí lo que debería haber ocurrido era que se demostrara en la investigación que estas personas, que estos funcionarios, dieran la orden de que alguien escuchó y eso nunca fue escuchado por nadie”, reiteró Guido.
Colleman indicó que anteriormente el mismo Borge aceptó que durante el primer período de gobierno sandinista cometieron errores, “en vez de decir cometimos delitos”.
A su vez, que el propio presidente Daniel Ortega “andaba pidiendo perdón en su campaña allá en las comunidades miskitas; lo que pasó es que ellos (la Fiscalía) no querían acusar a su jefe, ése es el fondo del asunto”.
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