Mientras Centroamérica se enfrenta al reto de afinar la estrategia para combatir al crimen organizado, en Nicaragua se dio un delicado retroceso del control civil democrático sobre el sector defensa, dijo ayer el investigador Yassir Chavarría, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
La involución en Nicaragua tuvo dos pasos decisivos, indicó Chavarría.
Primero, el presidente Daniel Ortega decidió prescindir de intermediarios con el Ejército de Nicaragua, nombrando a una secretaria en el Ministerio de Defensa.
Y segundo, se reformó la Ley 290, de organización del Poder Ejecutivo, que desmanteló las atribuciones que tenía el Ministerio de Defensa.
“La gestión que hizo este Gobierno es una regresión en la institucionalidad civil, en el control civil democrático, es decir aquel control no ejercido directamente por el Presidente, sino un control donde debe existir un intermediario político, que era el Ministro de Defensa”, precisó Chavarría.
Los dos golpes también dejaron en el limbo el Libro Blanco o Libro de la Defensa, el cual establecía las funciones del Ejército de Nicaragua y del Ministerio de Defensa, en su mutua relación.
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Según Chavarría, el retroceso en Nicaragua coincidió con los planes Mérida, en México, y Colombia, para combatir al crimen organizado. Ambos proyectos han provocado que los criminales busquen atrincherarse en Centroamérica.
“En la región están los planes Colombia y Mérida, provocando el llamado efecto tenaza, lo que ha provocado que los criminales se vengan a Centroamérica y hay un elemento endógeno, que son las maras, en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras; y entra en juego otra debilidad, que es que las policías de esos países han mostrado relativa efectividad en el enfrentamiento a las pandillas o maras y han obligado a que los líderes políticos decidan meter a los ejércitos a esa función, que por su naturaleza no les corresponde”, alertó Chavarría.
SUGIERE DEBATE NACIONAL
Al respecto, Isidro Sepúlveda, profesor de asuntos sobre seguridad nacional, señaló que el istmo tiene que definir en un debate público cuál será la agenda nacional de defensa, para determinar el papel que desarrollarán los ejércitos en el combate al crimen organizado.
“Hay que debatir si las fuerzas armadas deben o no participar en esa lucha, cómo deben hacerlo, con cuáles medios y esto no debe ser una disposición presidencial, sino que debe ser un debate nacional. A las fuerzas armadas no hay que darles poderes, sino que hay que darles medios”, afirmó Sepúlveda.
En Chile, indicó Sepúlveda, existía un Ministro de Defensa pero no un Ministerio, mientras que en Nicaragua está el Ministerio de Defensa, pero al mando de una secretaria.
En ambos casos, sostuvo Sepúlveda, es el Ejército el que dirige la defensa nacional, enfocado en un análisis táctico, haciendo a un lado los asuntos estratégicos.
Por su parte, Guillermo Holzmann, ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, expresó que el control civil sobre los ejércitos depende en gran medida de la calidad de las constituciones de cada país.
El analista lamentó que hasta hoy la norma haya sido que los representantes de la sociedad civil estén fuera de estudios sobre seguridad, defensa e inteligencia, un tema que ha sido exclusivo de los militares.
“No podemos permitir que el Estado se consolide a costa de las fuerzas armadas”, advirtió Holzmann.
El IEEPP organizó en Managua la conferencia “Control civil democrático del sector defensa en Centroamérica, avances y desafíos pendientes”, con la participación de expertos nacionales e internacionales. El evento concluirá hoy miércoles.
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