La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) reiteró ayer los riesgos que trae la nueva Ley de Contrataciones del Estado para la transparencia del manejo de fondos públicos, pero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aplaudió la aprobación de la ley esta semana.
El presidente de Amcham, Róger Arteaga, manifestó que entre 500 millones y 600 millones de córdobas que maneja el Gobierno, en carteras de proyectos, de impuestos y aportes de organismos financieros internacionales, son ahora vulnerables a la corrupción por los vacíos que tiene la ley recién aprobada.
El representante empresarial dijo que lo más preocupante es que la mayoría de los “23 candados”, que le habían puesto al proyecto de ley, desaparecieron durante su aprobación sorpresiva en el plenario de la Asamblea Nacional, el pasado martes.
ARCA ABIERTA
“La ley lo que hace es dejar una enorme discrecionalidad al Gobierno y un arca abierta para la corrupción, así nosotros lo calificamos”, apuntó.
En contraposición, el BID señaló, a través de un comunicado, que “el proceso de revisión del proyecto de ley buscó la generación del mayor grado de consenso posible y la adopción de las principales tendencias internacionales en la materia. En este contexto, dos de los principios fundamentales incluidos en la nueva ley son la transparencia y la eficiencia”.
Sin embargo, en el escueto comunicado, el BID no hace referencia a los serios cuestionamientos que Amcham ha hecho a la ley, particularmente en lo referido al registro de los proveedores del Estado y la modalidad de exclusión de procedimientos.
Arteaga señaló que la modalidad de exclusión de procedimiento fue disfrazada con el término de sistema simplificado. Esto permite al Gobierno ejecutar fondos de proyectos sin pasar por un proceso de licitación pública.
ABIERTO A “FANTASMAS”
Uno de los temas que más preocupa a Amcham es que las empresas extranjeras no tendrán que ser obligadas a registrarse como proveedoras del Estado, para poder adjudicarles un proyecto.
Esa situación, según Arteaga, permitirá que cualquier “empresa de maletín” pueda ganar un proyecto de licitación, que luego puede revender a otra empresa y esta operación encarecería el costo de los proyectos.
“Lo que harán es dar los proyectos a empresas de maletín o fantasmas, con recursos dudosos, que vienen, licitan y ganan y después venderán el proyecto con jugosas ganancias porque, como no podrán operarlo, sólo en esa transacción se ganan cuatro y cinco veces lo que cuesta el proyecto”, afirmó el empresario.
Arteaga dijo que el BID debería estar preocupado por el contenido de esa ley, al recordar que la mayoría de proyectos se ejecutan con fondos provenientes de este organismo financiero internacional.
“Hemos apoyado la generación del mayor consenso posible, con todas las partes involucradas en la modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas que habían emitido comentarios previamente”, explica Mirna Liévano de Marques, representante del BID en Nicaragua, en el comunicado.
El BID había condicionado el desembolso a Nicaragua de 42.5 millones de dólares, hasta que se aprobara la ley de contrataciones.
Arteaga dijo dudar de que el BID haya presionado para la aprobación de esa ley, tal como afirma el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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