El principal derecho que se les viola a los nicaragüenses en el país es el de la seguridad jurídica, sostuvieron los representantes de los principales organismos de derechos humanos en Nicaragua ante el Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela Bowie.
Bayardo Izabá, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), coincidieron en que en el encuentro sostenido el jueves pasado le expusieron a Valenzuela una radiografía de la situación de los derechos humanos en el país, donde los nicaragüenses están en total indefensión y que existe ruptura de la institucionalidad. Y que a partir del 2007, fecha cuando asumió la presidencia Daniel Ortega, ha habido deterioro y retroceso significativo en materia de derechos humanos.
Izabá explicó que la inseguridad jurídica que enfrentan los nicaragüenses tiene que ver con las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, la ilegitimidad con que están constituidas las instituciones estatales, y todos los actos que de ahí se derivan, incluida la convocatoria de elecciones del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Izabá señaló que el Cenidh ha evidenciado esa situación ante los diferentes comités de los pactos internacionales de derechos humanos, y el último fue la audiencia privada solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la cual en la presente semana expusieron como “una situación sumamente grave” el que el Poder Judicial esté dominado “por un par de caudillos” al igual que lo está el resto de instituciones estatales.
“Cuando hablamos de una dictadura institucional nos referimos precisamente a eso, que tanto Daniel Ortega y Arnoldo Alemán siguen pactando en detrimento de los intereses del pueblo nicaragüense”, sostuvo Izabá.
APOYARLOS CON FONDOS SERÍA LEGALIZAR
Carmona dijo por su parte que refirió cómo el gobierno de Ortega “ha venido violentando la Constitución Política, las leyes y que para nosotros ya existe una ruptura de la institucionalidad y que la democracia ya no estaba en peligro, sino que la democracia estaba ausente en este proceso al igual que la gobernabilidad”.
Al tiempo que solicitó “que ni el Gobierno de Estados Unidos ni otros gobiernos deben apostar a este proceso apoyándolos económicamente, porque sería un retroceso, sería que están legalizando ellos la inconstitucionalidad de estos señores”.
Mencionó Carmona que expuso que, por ejemplo, España aportó recursos al Consejo Supremo Electoral para la cedulación “y aquí lo que estamos viendo es que la cedulación sólo se está dando para un partido político y para otros ciudadanos se les está dando por el costo de 300 córdobas, lo cual es una discriminación”.
A criterio de Izabá los planteamientos efectuados tuvieron receptividad del visitante. “Fue receptivo Valenzuela, creo que en los medios de comunicación no se ha reflejado el tema de la democracia y gobernabilidad, que pudo haber abordado con el presidente Ortega (…), tengo la certeza que sí abordó los temas”, sostuvo Izabá.
Carmona indicó que expresaron al Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, la preocupación existente sobre el proceso electoral que se realizará en 2011, supervisado por las mismas autoridades electorales.
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