A raíz de la protesta que realizaron en la sesión de la Asamblea Nacional el pasado lunes, durante la aprobación de las leyes militares promovidas por el Ejecutivo, la persecución y las amenazas de muerte en contra de los miembros de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional (Rejudin) y el Movimiento Pedro Joaquín Chamorro (MPJCH) se incrementaron considerablemente.
Así lo denunciaron ayer, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Jairo Contreras y Esler Sobalvarro, de Rejudin; y Marvin Parrales, Ivania Álvarez y Feliciano Duarte, del MPJCH.
No señalaron a nadie como responsable directo de la situación, pero la atribuyen a “personas ligadas al Gobierno”, como consecuencia de las denuncias y protestas públicas que han realizado a lo largo del año contra los atropellos a la Constitución. Todos acusaron a desconocidos que se transportan en motocicletas sin placas de acosarlos constantemente.
También se declararon perseguidos por la Fiscalía General de la República, que, a petición del presidente de facto del Poder Electoral, Roberto Rivas, abrió un caso en su contra por lanzar huevos contra sus oficinas, en señal de protesta.
Contreras señaló que, la semana pasada, fue interceptado cerca de su casa por desconocidos que le propinaron una golpiza. Las autoridades no habrían realizado ninguna diligencia, pese a que el caso fue denunciado ante la Policía.
Parrales y Álvarez presentaron, como pruebas de las amenazas, varios correos electrónicos que han recibido, en los cuales les advierten que, de seguir “jodiendo, en el fondo del lago van a amanecer”.
En otro de los correos les dicen que recuerden lo que le “pasó a (Carlos) Guadamuz”, un antiguo militante del FSLN que terminó asesinado luego de enemistarse públicamente con sus correligionarios.
Marcos Carmona, presidente de la CPDH, lamentó que las amenazas de muerte se estén volviendo el común denominador (a la fecha han recibido 21 denuncias) y dijo que protestar se ha vuelto un delito.
Orientó a los afectados agotar los mecanismos ante las autoridades locales, para posteriormente “exigirle a la Policía inepta que tenemos, que no tiene la voluntad de resolver esta problemática, que actúe”.
Carmona indicó que podrían llevar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió a los denunciantes continuar defendiendo la democracia con sus protestas.
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