Por Josué Bravo
CORRESPONSAL /COSTA RICA
Diputados opositores pidieron a la mandataria Laura Chinchilla, sancionar y ordenar la publicación de la “ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto”.
Quienes han planteado las solicitud son el diputado José María Villalta, del Frente Amplio y la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El año pasado la Asamblea Legislativa aprobó la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en el país, pero aún no se oficializa porque falta ser publicada en el diario oficial La Gaceta.
Por medio de una carta (Oficio No. PAC-JF-171-10/11), los diputados del PAC recordaron a la mandataria que la iniciativa está próxima a cumplir tres meses de haberse aprobado, en forma unánime en el Plenario Legislativo. A la fecha, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el trámite correspondiente.
“Queremos recordarle a la señora Presidenta que la aprobación unánime de la ley es un reflejo del clamor popular por no permitir que destruyan nuestro ambiente y por erradicar actividades nocivas como la minería metálica a cielo abierto”, explicó el diputado Claudio Monge Pereira, gerente de temas ambientales del PAC y miembro de la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa.
Las reformas aprobadas a la ley No. 6797, Código de Minería, prohíben por completo la minería metálica a cielo abierto y el uso de técnicas de lixiviacion con cianuro, mercurio y otras sustancias peligrosas.
El texto aprobado por la Asamblea Legislativa también establece una reserva que excluye de la prohibición, por un periodo de 10 años, las actividades mineras que realizan los coligalleros (mineros artesanales) en algunos sitios del país. En estos casos, el Estado deberá apoyar a las comunidades para transitar a otras técnicas o actividades productivas.
El diputado Monge Pereira destacó que sin la sanción y publicación correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, la iniciativa de ley no entrará a regir.
Esta nueva ley no afecta la minería Crucitas, proyecto que se encuentra en proceso de apelación en la Sala Primera tras el fallo que eliminó los permisos ambientales a la empresa Industrias Infinito.
