MÉXICO/EFE/AFP
Las condiciones que imperan en la pequeña mina de carbón siniestrada en el norte de México, de la que se han recuperado ya cinco cadáveres, anulan cualquier esperanza de encontrar con vida a alguno de los nueve mineros todavía atrapados, afirmó hoy el ministro de Trabajo, Javier Lozano.
Una explosión registrada el martes en la mina por acumulación de gases originó derrumbes que dejaron atrapados a 14 mineros. Además, un chico de 15 años que operaba la canasta donde suben y bajan los mineros resultó gravemente quemado a consecuencia de la explosión, por lo que fue trasladado a un hospital en Guadalajara (oeste).
- El Gobierno chileno envió ayer una brigada de rescate a México para que colabore en las tareas de rescate del grupo de mineros atrapados en un yacimiento en Coahuila.
Tanto Navarro como Saintard participaron activamente del rescate en octubre de 2010 de los 33 mineros chilenos atrapados durante 70 días en el yacimiento San José, en pleno desierto de Atacama.
[/doap_box]
El yacimiento, que consta nada más de un estrecho tiro vertical y pequeños túneles de los que se extrae el carbón, tenía solo 18 días de haber iniciado operaciones, pero sus propietarios no habían avisado a las autoridades de su existencia.
La pequeña mina se ubica en un terreno más amplio de 270 hectáreas, cuya concesión tienen a partes iguales el empresario Luis González Garza y la compañía Minera El Sabino, en representación de la compañía Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Melchor González.
De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, la mina era explotada por un hijo de González y no por la compañía de su padre.
El ministro explicó que si bien la explotación del terreno le corresponde a los titulares de la concesión, en esta zona del país es común que las empresas celebren contratos al margen de la ley con terceros que construyen pequeñas minas casi artesanales, llamadas “pocitos”.
Esos yacimientos, que no cumplen con las leyes, abundan en la zona carbonífera de Coahuila, la más importante del país, y tienen una vigencia de apenas unos cuantos meses, por lo que la mayoría escapa al control de las autoridades.
El carbón que se extrae de estos “pocitos” lo adquiere en parte “un organismo descentralizado del propio gobierno de Coahuila“, que lo vende después a otros organismos del estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que se “fomenta” ese tipo de trabajo “precario“, dijo Lozano.
El titular de Economía, Bruno Ferrari, señaló en su cuenta de Twitter que ya están investigando si el concesionario de la mina cometió “irregularidades”.
El presidente de México, Felipe Calderón, expresó ayer en un comunicado “sus condolencias y solidaridad” a las familias de los mineros, y aseguró que su Gobierno “hará todo lo que esté a su alcance” para apoyar el rescate del resto de los mineros.
El ministro Lozano apuntó que “debe de haber” un proceso penal contra los propietarios y “todo tipo de sanciones” porque hay “una negligencia criminal“, y criticó la “voracidad” y las “prácticas abusivas” de los empresarios.
La región donde sucedió la tragedia es la misma donde el 19 de febrero de 2006 sucedió el peor accidente de esta industria en tiempos recientes, en la mina Pasta de Conchos, propiedad del gigante minero Grupo México y donde murieron atrapados unos 65 trabajadores.
Según la Organización Familia Pasta de Conchos, de 1889 a la fecha “cuando menos” han fallecido 1,712 mineros en Coahuila, 135 de ellos en la última década.
La organización pidió al Gobierno “prohibir de una vez por todas” los pocitos, “tiros verticales que de forma artesanal, ilegal y criminal mantienen a los mineros en condiciones deplorables”.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A