Representantes del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) manifestaron ayer que la ejecución de varios proyectos, cuyo fin es abastecer con agua a las comunidades que no tienen el servicio en zonas rurales del país, están en riesgo y unas 20 mil personas podrían quedar sin agua.
Juan de Dios Benavides Paz, representante de los CAPS a nivel nacional, explicó que están teniendo problemas para obtener importantes beneficios como la exoneración de impuestos, porque la mayoría del Comité no han sido inscritos en las alcaldías para ser legalizados.
Benavides señaló que estos problemas se están dando porque hay muchos atrasos en la entrega de documentación que permitirá a los CAPS agilizar en las alcaldías los procesos de legalización.
“Nosotros consideramos que la implementación de la Ley 722 (Ley Especial de los CAPS), es muy lenta a la fecha, a un año de entrar en vigencia no se nos facilitan las gestiones para conseguir financiamiento y ejecutar proyectos de agua en zonas muy pobres. Muchos comités inician las gestiones para obtener su legalización, pero como no tenemos los certificados de registro municipal, acta constitutiva, los estatutos y sus reglamentos, el proceso queda estancado”, afirmó.
Según la Ley 722, en su artículo 11, corresponde a la Unidad Técnica Municipal (UTM) de las alcaldías entregar los certificados de registro municipal a los CAPS y demás documentación.
Otro de los problemas que enfrentan los CAPS es el pago de las facturas de energía que consumen los miniacueductos por bombeo eléctrico. “Los CAPS necesitan de una tarifa energética especial en este caso para poder operar”, añadió.
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