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¿Por qué la historia se repite en Nicaragua? ¿Por qué los caudillos, el autoritarismo y la concentración de poder se suceden reiteradamente a pesar de las confrontaciones, rebeliones y revoluciones que han caracterizado el desarrollo de los acontecimientos en nuestro país? ¿Por qué la reelección que tanta violencia ha generado sigue siendo una característica que expresa la adicción al poder como una deformación del ejercicio de la política en Nicaragua?
Un intento de respuesta conduce a una reflexión que nos plantea que la democracia es expresión jurídica y política de los principios y valores constitutivos de la sociedad. Esos principios y valores, justicia, libertad, igualdad, reciprocidad de derechos y deberes, son el contenido y estructura de la cohesión social y se expresan y organizan en el sistema jurídico e institucional del Estado.
La democracia es la complementariedad de dos instancias fundamentales: la voluntad popular y el sistema jurídico. Ambos deben integrarse, pues el uno sin el otro es una realidad deformada, una mutilación ontológica que niega la naturaleza misma de la democracia. La voluntad popular fuera de la ley o contra la ley, es anarquía; la ley que no expresa la voluntad popular sino la del poder, es despotismo, pues se manipula como instrumento para dar una aparente justificación a las actuaciones de facto y la arbitrariedad.
A esos dos elementos se agrega un tercero: el poder. De esta forma se establece una triple relación: la voluntad colectiva, que es la fuente de la soberanía; el sistema legal, que es la expresión normativa y formal de la voluntad general; y el poder, que es consecuencia de la delegación que a través de la ley hace la sociedad a quien debe ejercerlo. Por ello el poder debe de estar siempre sometido a la ley, que es la expresión formal de la voluntad general y la soberanía popular, base del Estado de Derecho y condición de la democracia.
El poder, pues, depende de la ley y esta de la soberanía popular. Si no se entiende adecuadamente esta triple relación, el poder se deforma en despotismo, la ley en un instrumento a su servicio, y la soberanía popular en un pretexto para justificar sus errores y arbitrariedades.
Pero además de la necesidad de entender racionalmente y de forma lógica la relación entre soberanía, derecho y poder, es necesario que esta comprensión cabal de la interacción entre ellos se transforme en valores y principios internalizados por la persona y la sociedad, y se constituya así en parte fundamental de la cultura nacional. Si eso no ocurre en la base social, difícilmente podrá instalarse un sistema democrático en el vértice de la pirámide política, pues la tendencia, por una parte, será siempre la de manipular a las instituciones y al pueblo por quien ejerce el poder; y por la otra, la de entender a este personalizado, con nombre y apellido, dependiendo única y exclusivamente de la voluntad omnímoda de quien lo detenta.
Una colectividad que tiene esa idea del poder, se inclina a representarlo en el “hombre fuerte”, a desconectarlo de la fuente de la soberanía, de las instituciones y el sistema legal, a fragmentar en el seno de la sociedad lo económico y social, por un lado, y lo político e institucional, por el otro. En consecuencia, al centrar el poder en una sola persona, se tiende, consciente o inconscientemente, a producir caudillos como los que pueblan las páginas de la historia nicaragüense.
Cierto es que el autócrata surge porque hay voluntad autocrática de quien ejerce el poder, pero también porque hay una comunidad que no solo lo tolera, sino que además lo busca y lo engendra. En vista de ello, se debe tener presente que hay caudillismo no solo porque hay caudillos, sino que hay caudillos porque hay una sociedad que los produce.
La transformación de la cultura política debe ser por ello una estrategia necesaria a mediano y largo plazo, pues de lo contrario seguiremos generando los gobiernos que han ensombrecido la ruta de la historia nicaragüense, y contra los cuales se ha levantado muchas veces nuestro pueblo, para ver luego marchita la esperanza de un cambio verdadero que sustente la libertad y la democracia, y para, dolorosamente, ver surgir de las cenizas de la dictadura anterior, los signos de una nueva dictadura.
Cierto es que hay que resolver lo inmediato y tratar los efectos concretos de las crisis actuales, pero también sobre todo lo es que hay que enfocar las raíces del problema y actuar sobre sus causas, pues de lo contrario seguiremos repitiendo la historia en un círculo vicioso en el que el futuro es el pasado que regresa.
Es necesario, pues, no solo una racionalidad política, sino una cultura, una ética, un ethos nuevo formado por valores y principios sobre los que se asienten la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Es aquí, particularmente, donde la educación en valores adquiere una importancia preponderante, pues de ella depende en buena parte la adecuada comprensión del problema que por tanto tiempo ha flagelado a nuestro país y ensombrecido el horizonte de sus posibilidades y esperanzas. Es absolutamente imprescindible la convicción general de que no basta solo el cambio de personas y de gobiernos, ello es necesario pero no suficiente, pues se requiere, sobre todo, que se produzca una transformación estructural y axiológica en la cual se asienten las bases de una nueva cultura política y de una nueva sociedad.
Los cambios en el vértice de la pirámide solo serán efectivos si reflejan y expresan las transformaciones en la base y en el cuerpo todo de la sociedad. Comprender adecuadamente esta situación se constituye en una necesidad ineludible para poder hacer realidad la esperanza de una sociedad libre, justa y democrática.
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