LIMA/AFP
El presidente peruano Alan García prometió ayer garantizar una transición pacífica hacia el gobierno del izquierdista Ollanta Humala, en el marco de violentas protestas antimineras en Puno, que dejaron cinco muertos y más de 30 heridos.
“Hay objetivos más importantes, el primero de los cuales es garantizar una transición pacífica y el inicio sin problemas del Gobierno (de Ollanta Humala)”, dijo García en una declaración a la prensa, al justificar la revocación de la concesión a la minera canadiense Bear Creek.
La revocatoria fue aprobada por el Gobierno junto a otras normas con las que se busca poner fin a las protestas antimineras de la población de Puno, que exige el cese de toda actividad minera, energética y de hidrocarburos en esa región.
García manifestó que las acciones violentas se tratan de “oscuros intereses políticos que exigen una parte del poder ante el cambio de gobierno”, el 28 de julio.
García no identificó a ningún grupo en especial detrás de las protestas, aunque en días pasados sectores de la prensa especularon sobre las vinculaciones entre los líderes aymaras peruanos de Puno con sus pares bolivianos.
Por su parte el presidente electo Ollanta Humala, que ha anunciado nuevos impuestos para las compañías mineras, llamó a deponer los actos de violencia y pidió al Gobierno y autoridades de la región encontrar una solución pacífica a las protestas.
En la ciudad puneña de Juliaca, donde un intento por tomar el aeropuerto el viernes llevó a choques con las fuerzas de seguridad que dejaron cinco muertos y más de 30 heridos, se vivía ayer un clima de tensión.
Cientos de manifestantes ocupaban la plaza principal de la ciudad, tras desistir de un nuevo intento de tomar la terminal aérea, con actos de vandalismo que incluyeron el saqueo de las luces de balizaje que guían el aterrizaje de los aviones en la pista.
La sensación en medios empresariales es que las medidas no son una buena señal para el mercado y fueron tomadas por un gobierno acorralado que desea llegar rápido al cambio de gobierno, previsto para el 28 de julio.
La cancelación del proyecto minero es el segundo en lo que va del año, luego que en abril protestas sociales de campesinos obligaron al Gobierno a rechazar el proyecto cuprífero Tía María, del grupo México.
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