El gobierno de Estados Unidos está preocupado por las invasiones a propiedades de sus ciudadanos en Nicaragua.
Así lo manifestó Robert Richard Downes, ministro consejero y actual encargado de la embajada norteamericana mediante una correspondencia al procurador general de la República, Hernán Estrada.
La carta enviada el pasado 14 de julio señala que la preocupación ha sido manifestada en los encuentros para el análisis bilateral entre EE. UU. y Nicaragua sobre la solución de reclamos pendientes de ciudadanos estadounidenses por sus propiedades.
“Estimo oportuno referirle que, tal como fue abordado durante las pláticas del Análisis Bilateral del mes de marzo del año en curso, las invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses son un aspecto de gran preocupación para mi gobierno”, señala Downes.
- La propiedad de Inesyvonne Conrado fue invadida el 17 de septiembre de 2010 por miembros, según la afectada, relacionados a la Central Sandinista de Trabajadores (CST).
El primer grupo interpuso una demanda laboral por 1,871,500 córdobas por supuestamente haber trabajado por tres años sin recibir salario y embargaron la propiedad. La juez laboral de Matagalpa declaró nulo el embargo.
Conrado adquirió la propiedad en permuta por otra finca que le confiscaron en la década de los ochenta.
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En la correspondencia, el funcionario estadounidense pide a Estrada que gestione en el caso de Inesyvonne Conrado Lanzas, a quien le invadieron una propiedad en Matagalpa.
Conrado denunció que cuadros intermedios del Frente Sandinistas invadieron su finca Jardines de la Cuesta, de 300 manzanas, ubicada en la comunidad San José, comarca San Salvador, del municipio de Matagalpa.
La afectada señaló que pese a tener una orden judicial en la que pide a la Policía Nacional (PN) brinde auxilio judicial para la entrega de la propiedad, las autoridades locales se negaron. Es por ello que interpuso su denuncia ante asuntos internos de la institución policial.
Al respecto el jefe de Relaciones Pública de la PN, comisionado mayor Fernando Borge, dijo desconocer el caso y recomendó a la afectada ponerse en contacto con él.
Al parecer la embajada estadounidense mantiene una comisión de trabajo ante la Corte Suprema de Justicia donde interviene la PGR.
“Recurrimos a la interposición de sus buenos oficios para llevar al seno de esta comisión el caso de la señora Conrado e instar el cumplimiento de esta orden judicial. Confiamos que de esta forma se coadyuve a la solución de este caso”, señaló Downes en la misiva al procurador Estrada.
PGR DICE QUE ACTÚA
Al respecto la oficina de relaciones públicas de la PGR, informó que a Conrado le están ayudando los funcionarios de esa institución en Matagalpa, según ellos, como parte de la política del Estado.
Pero no reaccionaron a la preocupación del gobierno estadounidense por las invasiones a propiedades, mientras la sede diplomática prometió para hoy ofrecer datos sobre las invasiones. Conrado Lanzas señala que su caso no es único y mencionó la toma de la finca San Joaquín, en Sébaco, propiedad de la familia Solórzano Lanzas y Santa Josefina, de Lanzas de Amador.
Contrario al caso de Conrado, el presidente de la República Daniel Ortega, manifestó este martes en un acto público que el gobierno ha cumplido en compensar a los ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados durante los años ochenta. Pero Conrado señala que en la invasión a su propiedad hay claros intereses de cuadros del FSLN.
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