SANTIAGO/AFP
El Gobierno chileno entregó la noche de este lunes una nueva propuesta a los estudiantes, que contempla 21 medidas para fortalecer la educación pública, la segunda desde que hace dos meses comenzaran las masivas protestas estudiantiles, y que estudiantes llevarán a sus bases para deponer las movilizaciones.
El documento, llamado ‘Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena’, responde a un petitorio entregado al nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien asumió hace dos semanas en reemplazo del destituido Joaquín Lavín.
La propuesta contempla parte del Gran Acuerdo Nacional de Educación propuesto hace un mes por el presidente Sebastián Piñera, y fue entregada a líderes de los estudiantes secundarios y universitarios, junto al presidente del gremio de profesores, Jaime Gajardo.
“Este documento se tiene que revisar y discutir”, afirmó la líder estudiantil Camila Vallejo, que comprometió una respuesta entre jueves y viernes, para poner fin a más de dos meses de conflicto, con cientos de colegios y universidades ocupadas por los estudiantes y tres multitudinarias marchas.
La nueva propuesta plantea incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, una de las máximas peticiones de los estudiantes, junto a la desmunicipalización de la educación pública, que significa quitar a los municipios la administración de las escuelas públicas y dejarlas en manos del Estado central.
“Vale decir, estará consagrado el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por este derecho”, explicó Bulnes, que aseguró que la propuesta significa “dar un salto en materia de educación”.
También una reformulación del sistema de becas y créditos para la educación superior, para modificar el sistema de créditos privados que hoy utilizan gran parte de los universitarios y que les significa cargar con fuertes deudas al final de sus carreras.
La propuesta establece además la creación de una superintendencia de educación superior, que fiscalice el uso de los recursos y la no existencia del lucro en las universidades privadas, prohibido por ley pero burlado a través de una serie de resquicios legales.
Se mantiene además el fondo de 4.000 millones de dólares -a gastar en los próximos cuatro años- propuesto por Piñera en la primera propuesta. Las protestas estudiantiles, que exigen el fortalecimiento de la educación pública en un país en que la mayor parte de la enseñanza está en manos privadas, hizo caer el apoyo al presidente Piñera a un 31%, su nivel más bajo desde que asumió en marzo de 2010.