ACAN-EFE
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) pospuso hoy en Managua la sentencia sobre la demanda promovida por una coalición oficialista contra el Estado guatemalteco por la exclusión de la exprimera dama Sandra Torres de las elecciones de septiembre.
El presidente del tribunal regional, el hondureño Francisco Darío Lobo, explicó vía telefónica a Acan-Efe que el caso se ha convertido en “una tarea difícil” para los seis magistrados que integran Corte Plena, que decidieron posponer para mañana miércoles su sentencia.
Los jueces comenzaron ayer lunes a deliberar sobre el caso desde la perspectiva del derecho internacional, constitucional y de tratados internacionales para resolver la demanda, según la fuente.
La Corte, con sede en Nicaragua, había anunciado que emitiría este martes un fallo definitivo sobre la demanda, pero Lobo indicó que hasta ahora sólo tienen listo el proyecto final, el cual será objeto de deliberaciones mañana para su posterior firma.
El presidente del tribunal adelantó que el fallo podría ser unánime, mayoritario o terminar en un empate, e insistió en que tendrá “fuerza de ley”.
Lobo, primo del presidente hondureño, Porfirio Lobo, indicó que los seis magistrados de la Corte no tienen “una sola línea” sobre el caso, aunque confió en alcanzar una decisión unánime.
La alianza oficialista guatemalteca conformada por los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (GANA) demandó ante la Corte Centroamericana al Estado de Guatemala porque la justicia de ese país rechazó la candidatura de Torres al considerar que cometió “fraude de ley”.
Los magistrados guatemaltecos interpretaron que Torres se divorció en abril pasado del presidente del país, lvaro Colom, en un intento de evadir la norma constitucional que prohíbe a los familiares cercanos del gobernante de turno optar al cargo.
La Corte realizó una audiencia pública sobre el caso el jueves pasado en Managua, en la que el procurador de Guatemala, Guillermo Porras, rechazó al tribunal como autoridad para resolver la demanda al considerar que los magistrados siguieron un “proceso viciado”.
El representante del Estado de Guatemala argumentó que los magistrados del tribunal regional recibieron la demanda, abrieron el caso a período de presentación de pruebas y convocaron a la audiencia pública “irrespetando” los plazos establecidos en su propia normativa.
“El Estado de Guatemala participa bajo protesta en esta audiencia”, enfatizó Porras, al exigir “el debido proceso”.
Otro representante del Estado guatemalteco, Saúl Oliva, cuestionó a la Corte por estar integrada solo con magistrados de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
“Está realmente integrada la Corte? Puede resolver?”, inquirió Oliva a los seis magistrados del tribunal reunidos en Managua.
Por su parte, la defensa de la parte acusadora, Danilo Roca, admitió en esa audiencia pública que la ex primera dama ya no participará en los comicios del 11 de septiembre porque “no hay tiempo para su inscripción”, pero afirmó que continuarán con la demanda porque “sí hay tiempo para reparar una injusticia”.
Los seis magistrados de la CCJ son los salvadoreños Alejandro Gómez y Ricardo Acevedo; los hondureños Lobo (presidente) y Guillermo Pérez, y los nicarag enses Silvia Rosales (vicepresidenta) y Carlos Guerra.
Según ha dicho Lobo, Guatemala no tiene magistrados en el organismo por “diferencias políticas” internas, sin más precisiones.