La Policía orteguista (no Nacional) es el brazo armado y político del régimen del presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, institución encargada de imponer el orden según el lado en que se encuentre el denunciante o el denunciado.
En el caso de Alberto Conde, quien bajo la esmerada vigilancia de jefes policiales y de otros agentes, confesó ante una cámara de la Policía en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial ser el supuesto autor de las amenazas enviadas a través de mensajes de textos a los celulares de varios sacerdotes, hay aspectos sobre los que nuevamente tropiezan los funcionarios policiales, como ocurrió en el crimen del sacerdote Marlon Pupiro, aún no esclarecido totalmente.
El problema de la Policía es que desde que asumió Ortega como presidente de Nicaragua su desprestigio ha ido en ascenso por su accionar partidarizado en favor del FSLN y en contra de quienes no son miembros o simpatizantes del régimen.
El comisionado general Juan Ramón Grádiz dijo que a la Policía orteguista la motivó investigar las amenazas a los sacerdotes las denuncias lanzadas por los párrocos de Nindirí y Managua a través de los medios de comunicación.
“La Policía decidió iniciar una investigación para identificar a la persona o personas que estaban generando estos mensajes; la feligresía de distintas parroquias y los sacerdotes habían manifestado que estaban atemorizados y de acuerdo a lo que establece la Ley era nuestra obligación llevar a cabo una investigación”, explicó el comisionado general Grádiz.
Perfecto. Genial. Hasta ahí los jefes y agentes policiales parecen “respetuosos” de la ley. El asunto se torna cuestionable cuando según la Policía, Conde confiesa ser el autor de las amenazas a los sacerdotes y como nadie lo acusa, lo dejan libre y archivan el caso. ¡Qué clase de Policía esta! Inició las investigaciones oficiosamente y “esclareció” el caso en cuestión de horas identificando al autor de los mensajes a través de celulares.
Sin embargo, la Policía no tiene el monopolio de la acción penal para desistir de una acusación y archivarla, sobre todo cuando se trata de amenazas a personas de enorme importancia como son sacerdotes y obispos de Nicaragua. El argumento fue que no había denuncia y se venció el término de las 48 horas para mantenerlo detenido. Ajá, pero si había pruebas de verdad y una “confesión voluntaria” y no bajo presión y/o amenazas, ¿por qué la Policía no pasó el expediente a la Fiscalía General de la República y que fuera esta la que decidiera si archivaba las diligencias del mismo porque no había méritos suficientes para una causa penal?
Se nota a simple vista de qué lado está la Policía, mientras la Iglesia católica sigue bajo ataque del mismo enemigo que en los años ochenta causó enorme daño. Es imperioso que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua pongan en conocimiento a sus superiores en el Vaticano. No se pueden quedar atrás del supuesto cabildeo que hace el régimen de Ortega ante la Santa Sede. La semana pasada cuando Ortega hizo esta afirmación, prácticamente lanzó el mensaje de que él se entiende con los que mandan en la Iglesia católica en el Vaticano y no con los religiosos de Nicaragua. Arrogancia abominable la del caudillo de la cual debe estar clara el pueblo de Nicaragua antes de votar en las próximas elecciones del 6 de noviembre.
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