Por Marco Sibaja
BRASILIA/AP
La presidenta Dilma Rousseff sancionó hoy la ley que crea la Comisión de la Verdad para investigar los abusos a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Junto con esa iniciativa, la gobernante sancionó también una ley de acceso a la información que garantiza a los brasileños la posibilidad de obtener información de los órganos públicos y establece un límite de 50 años de sigilo para documentos considerados “ultrasecretos”.
“Este 18 de noviembre de 2011 es una fecha histórica para Brasil. Es el día que conmemoramos la transparencia y celebramos la verdad. Me enorgullece sancionar esas dos leyes que tratan de asuntos distintos, pero están conectadas. Representan un paso decisivo en la consolidación de la democracia brasileña”, manifestó Rousseff en una ceremonia con autoridades políticas, militares y diplomáticos.
La Comisión de la Verdad tendrá siete integrantes que investigarán, durante dos años, las violaciones cometidas por el régimen castrense bajo un modelo inspirado en comisiones similares a las de Argentina, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador.
No obstante, a diferencia de países como Argentina, Chile y Uruguay, la comisión brasileña no tendrá poder de procesar en la justicia a las personas responsabilizadas por los abusos.
Las conclusiones de la comisión no podrán sobreponerse a la ley de amnistía de 1979, que impide el enjuiciamiento de los responsables de asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por la dictadura.
Aún así, el gobierno y activistas esperan que la comisión permita elaborar el relato de lo ocurrido durante el período dictatorial como una garantía de que Brasil no vuelva a vivir sin democracia.
“Es importante que el Estado brasileño le dé a esta comisión los medios materiales para que pueda difundir la verdadera historia de Brasil y se cuente la historia de una generación que luchó patrióticamente contra la dictadura”, dijo a periodistas Carlos Augusto Marighella, hijo del activista Carlos Marighella, muerto en 1969 durante la lucha contra el régimen militar.
La propia gobernante Rousseff integró durante su juventud una guerrilla de izquierda que combatió al régimen militar, período durante el cual estuvo presa tres años y sufrió torturas.
“Es fundamental que la población, sobre todo jóvenes y generaciones futuras, conozcan nuestro pasado reciente, cuando muchas personas fueron presas, torturadas y muertas. La verdad sobre nuestro pasado, para que esos hechos que mancharon nuestra historia nunca más vuelvan a ocurrir”, expresó Rousseff.
El trabajo de la comisión tendrá como punto de partida investigaciones previas de la Comisión de Amnistía, que estudia pedidos formales de disculpas del Estado a víctimas del régimen militar, y la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, encargada de reconocer a las víctimas del régimen castrense.
La Comisión de la Verdad podrá requerir todos los documentos que considere necesarios y convocar personas en todo el país para declarar sobre los hechos investigados.
Con la Ley de Acceso a la Información, todas las esferas del poder público tendrán la obligación de hacer públicas sus informaciones requeridas por los ciudadanos en lenguaje sencillo y directo, con facilidad para ser buscada por internet.
Al mismo tiempo, la norma establece un plazo de confidencialidad de 25 años para documentos “ultrasecretos”, 15 años para aquellos que son “secretos” y cinco para los “reservados”. Tales plazos podrán ser renovados una sola vez.
Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien estuvo preso por enfrentar al régimen como dirigente sindical.
Su antecesor Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) fue enviado al exilio en Chile, al igual que los cantantes Gilberto Gil y Caetano Veloso, quienes se asilaron en Londres.