Lucía Navas
Expertos en temas de seguridad social advierten que de ponerse en práctica la reforma al Sistema de Pensiones propuesto por el Gobierno, su resultado será una desaceleración del ritmo de crecimiento a la afiliación que se ha tenido los últimos años.
Dice que una alternativa es que el Gobierno negocie con el INSS el reconocimiento de la deuda mediante un crédito a pagar con plazo de 25 años.
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Tanto el exvicesuperintendente de Pensiones, Cairo Amador, y los especialistas en el área, José Dolores Gómez y Adolfo Acevedo, insisten que tampoco se puede abordar únicamente el asegurar el pago de las pensiones a futuro, pues reclaman que la reforma sea integral al Sistema de Seguridad Social de Nicaragua.
La propuesta gubernamental eleva a 65 años la edad de jubilación y a 1,500 las semanas de cotización. Además que la cuota por cotización se incrementa entre 13 y 24.7 por ciento y la pensión se calculará en base al promedio salarial de la vida laboral.
Para Amador, exvicesuperintendente de Pensiones, esos cambios no son viables y además son inhumanos.
Amador reclama que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona en que se atiendan las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero mediante un modelo que castiga al trabajador nicaragüense.
“Lo que debemos tener presente es que en los países desarrollados la edad promedio de jubilación son los 63 años, (entonces) ¿por qué nosotros los nicaragüenses nos vamos a retirar a los 65?”, cuestiona.
AGRAVARÍA EL PROBLEMA
Mientras tanto, el experto José Dolores Gómez dice que “se agravaría” la insolvencia del INSS a futuro “porque le quitás incentivos a la gente” y “le creás desconfianza si le estás aumentando la carga o poniendo más obstáculos para poder tener una pensión”.
En el foro “Desafíos de la Seguridad Social en Nicaragua”, se presentaron como alternativas mejorar la administración financiera y un control independiente sobre las inversiones que se hacen con los fondos de los asegurados.
Señalaron de preocupante que para 2012 se proyecte que los ingresos por las inversiones del INSS se reducirán en 45.6 por ciento.
Los ingresos por las inversiones pasan de 1,199.7 millones de córdobas en 2011 a 653.1 millones en 2012.
Para Gómez se debe crear una Superintendencia de Seguridad Social, independiente o adherida a la Superintendencia de Bancos, que fiscalice al INSS, lo cual permitiría evitar manejos discrecionales de las inversiones.