Anne Pérez Rivera
El barrido catastral que impulsa el Gobierno central junto a las alcaldías se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de los pueblos indígenas del país.
“Los Consejos de Ancianos en la comunidad y las juntas directivas dentro de los mismos poblados ahora tienen mejor definidos los roles de trabajo y eso se traduce en beneficios para los mismos indígenas”, dijo Álvaro Jirón, uno de los indígenas que ayer participó en un foro de la Red Local.
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“Veinticuatro horas antes de que el Gobierno hiciera su acto de titulación masivo en Chinandega, nos dimos cuenta que iba a legalizar 25 lotes que pertenecen a nuestro territorio. Nos opusimos rotundamente y ahora nos dicen que el asunto está en revisión”, dijo Álvaro Jirón, indígena y asesor de la junta directiva de pueblos indígenas de El Viejo, en Chinandega.
Según el conteo de los indígenas, desde el 2004 a la fecha han “perdido” 76 propiedades que el Gobierno ha entregado a terceros. La situación empieza a aumentar, debido a las entregas de títulos masivos que realiza el Gobierno central, a través de la Intendencia de la Propiedad.
“Para nosotros, ahora esta situación del barrido catastral es más seria, porque está siendo utilizado por el Gobierno para titular a favor de otras personas en el territorio que es nuestro”, dijo María Lidia Torres, vicepresidenta del Consejo de Ancianos en la comunidad indígena de Sutiaba en León.
Un estudio realizado por los poblados de las comunidades indígenas de San Lucas, Cusmapa, Telpaneca, Totogalpa y Mozonte, de la Coordinadora Chorotega, ya había advertido que al menos el 50 por ciento de sus propiedades están siendo ocupadas por colonos.
La tenencia de la propiedad ha sido identificado en este año como uno de los principales problemas de los pueblos indígenas, según coincidieron ayer sus líderes en un encuentro organizado por la Red Local en Managua.
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