LONDRES/EFE/AFP
Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 155 países en 2011, en el que indicó que en América Latina la impunidad sigue siendo generalizada y señaló que la resolución de muchos de los casos sobre garantías se enfrenta a “la falta de independencia en la justicia y la ausencia de voluntad política”, pese a avances.
“La mayoría de los abusos del pasado y los que se siguen produciendo a diario siguen impunes. Es un gran fallo de la justicia, pero también de los gobiernos y las policías que fracasan al investigarlos, y en los que en algunos casos son los responsables”, explicó Susan Lee, directora de AI para América Latina.
El texto reconoce que durante el año pasado se registraron avances en cuanto a la impunidad, sobre todo en lo referido a abusos cometidos durante antiguas dictaduras en la región, pero alerta de que son “la excepción”.
La dificultad de llegar a la verdad sobre las violaciones de derechos humanos se ejemplifica con el caso de la juez brasileña Patricia Acioli, asesinada en 2011, en Río de Janeiro, por la Policía militar después de haber investigado los abusos cometidos por las fuerzas del orden.
AI recuerda cómo activistas, periodistas, jueces y fiscales, además de víctimas y testigos, siguen teniendo problemas a la hora desvelar los abusos, patrón que se repite tanto en Brasil como en Colombia, México o Centroamérica.
En cuanto a la seguridad pública, AI afirma que México y los países del Caribe viven un aumento de la violencia “realmente alarmante”. Se sigue utilizando la excusa legítima de la seguridad pública y los niveles de criminalidad para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en su respuesta al crimen organizado y grupos armados”, apunta el informe.
AI denuncia que en México y Honduras la respuesta ha sido militar e incluso se han registrado desapariciones de mano del Ejército, lo que considera “muy preocupante”. El organismo mantiene que la estrategia ha fracasado, ya que el crimen organizado se va expandiendo de país a país, y pide a los gobiernos latinoamericanos que revisen sus políticas en ese sentido.
Amnistía Internacional señala la situación de los pueblos indígenas como uno de los problemas más preocupantes de la región, ya que, a pesar de que prácticamente todos los países reconocen sus derechos, son “violados diariamente”. El informe apunta que los indígenas “no son consultados y ni dan su consentimiento sobre grandes proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras, comunidades y su futuro”.
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